(ng) En medio de protestas, con pancartas en la tribuna y luego de 18 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con la nueva Ley de Hidrocarburos, el primero de los siete que los legisladores prevén discutir esta semana para reglamentar la reforma energética que abre el sector a la inversión privada nacional y extranjera.
La legislación incluye las reglas que deberán seguir los particulares que reciban contratos del Estado para la exploración y la explotación de petróleo y gas, entre otros puntos.
Establece, por ejemplo, que los contratos serán concedidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y que podrán rescindirse si la empresa contratista detiene sus actividades durante 180 días, si es responsable de un accidente grave en el área otorgada o si entrega información falsa de forma dolosa.
La ley quedó aprobada en lo general por 330 votos a favor y 129 en contra, y en lo particular, por una votación de 310-106.
El documento ya había sido avalado por el Senado el pasado 19 de julio. Debido a que fue modificado por los diputados, regresará a la Cámara alta para una nueva revisión.
La modificación, impulsada por los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del opositor Partido Acción Nacional (PAN), se relaciona con la contraprestación que deberán recibir los dueños de terrenos donde se exploten hidrocarburos.
A propuesta de ambas bancadas, se aprobó que esos propietarios reciban entre 0.5% y 3% de las utilidades del contratista que explote gas no asociado, también conocido como shale o de esquisto. Este energético se obtiene mediante la técnica del fracking, que consiste en perforar el suelo e inyectar agua y químicos a presión, a lo que se oponen la izquierda y organizaciones civiles porque lo consideran contrario al ambiente.
Hasta antes de este cambio, el porcentaje fijado era de 0.5% a 2%, que se mantiene como margen de contraprestación cuando los particulares exploten otro tipo de energéticos en terrenos ajenos.
Al respecto, la ley señala que estas tierras podrán ser explotadas por un particular mediante las figuras de servidumbre, ocupación superficial u ocupación temporal, siempre que el contratista llegue a un acuerdo con el dueño del lugar. Los partidos de izquierda se opusieron a este punto porque consideran que equivale a una expropiación contraria a los derechos de propiedad.