El presidente del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade, indicó que el Senado debe tener contacto real, continuo y permanente con las entidades federativas para crear una agenda legislativa concreta que permita erradicar la tortura a partir de soluciones políticas, económicas, sociales, democráticas y fundamentales de derechos humanos.
En la inauguración del Foro “Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Angélica de la Peña Gómez, que se realiza en esta ciudad, Cervantes Andrade indicó que la colaboración de la sociedad, gobernadores, organismos internacionales y ombudsman locales es esencial para la construcción de nuevos estadios legales contra esta práctica.
Recordó que en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se establecieron principios y conceptos sólidos que obligan al Estado y a los particulares a interpretar sus actos, lo que refleja el avance en el respeto a los derechos humanos con un sistema constitucional perfectamente diseñado.
Aunado a ello, dijo, el cambio del sistema penal acusatorio al sistema de justicia penal oral, representa un avance en el cumplimiento de la reforma de 2011, que es garantizar y reconocer a nivel constitucional la protección de derechos humanos.
Agrego que entre los retos para erradicar esta práctica es la multiplicidad en los tipos penales de las diferentes entidades, lo que incentiva que no se pueda castigar adecuadamente. “La tortura agrede la integridad y derechos humanos de las personas porque afecta física y mentalmente, pero sobre todo cambia la naturaleza humana y por lo tanto afecta la dignidad”, señaló.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, resaltó que entre los retos para consolidar la reforma de 2011, se debe diseñar un solo sistema de justicia integral para adolescentes infractores, división de la ley general de víctimas, establecer funcionamientos de los organismos autónomos de derechos humanos, entre otras.
Además, atender la recomendación del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la tortura, que señala que la prohibición absoluta de la tortura impone la obligación de investigar de forma inmediata, imparcial, de oficio e independiente todas las anegaciones de tortura y de llevar a cabo los procedimientos judiciales y sanciones acordes a esta práctica que es un problema presente en las instituciones.
Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que en el país debe hacerse realidad la reforma constitucional de 2011 y no quede sólo en el papel, por lo que debe implementar políticas públicas que cierren la brecha entre los conceptos y la realidad.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, indicó que en 2013 hubo una reducción del 30 por ciento respecto a 2012, sobre la integración de expedientes de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese mismo periodo se dio una disminución del 50 por ciento de quejas hacia las fuerzas armadas.
Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la CNDH, indicó que si bien hay una disminución en las quejas presentadas por la Subsecretaría, la tortura es una práctica recurrente que viola los derechos humanos de las personas y les daña física y psicológicamente.
El gobernador de Coahuila y presidente de la Conferencia Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), Rubén Moreira Valdez, se pronunció por fortalecer las instituciones estatales de protección de derechos humanos.
El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, señaló que se debe garantizar la protección irrestricto a los derechos humanos para contar con una sociedad justa, equitativa y democrática. Garantizar la seguridad de la población de ninguna manera debe significar la violación de las garantías individuales, señaló.
En el evento estuvieron presentes las senadoras Adriana Dávila Fernández, del PAN, y Lucero Saldaña, del PRI y el presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui.