La Cámara de Diputados aprobó con 362 votos, reformas a tres ordenamientos para que las instituciones de salud estén obligadas a atender a las mujeres en estado “urgencia obstétrica”, independientemente de si son derechohabientes de algún seguro.
El dictamen aprobado -enviado al Senado para su discusión- modifica las leyes General de Salud, la del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Entre las modificaciones destaca la adición de un artículo 64 Bis 1 en la Ley General de Salud, para que ante una urgencia obstétrica, las mujeres sean atendidas de manera expedita en las unidades médicas con capacidad para ello “independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento”.
Asimismo, adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para determinar que en el instituto será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Agrega, además, un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde indica la misma obligación para esta institución.
La propuesta señala que, actualmente, en México se presentan 2.1 millones de embarazos cada año, de los cuales, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas.
“El efecto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en el país es enorme, ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, falleciendo, anualmente, mil 100 mujeres, lo que provoca una secuela social de tres mil huérfanos cada año. Vale recordar que 80 por ciento de estas defunciones maternas son prevenibles”, indica la exposición de motivos de la ley aprobada.
También hace referencia al Artículo 4 de la Constitución Política, donde de consagra el derecho a la salud.
“El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad”, afirma.