La protección de los derechos humanos es un compromiso de estado y debe ser una práctica permanente en el ejercicio de la autoridad

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy que “para este Gobierno, la protección de los derechos humanos es un compromiso de Estado y debe ser una práctica permanente en el ejercicio de la autoridad”.

Al inaugurar el Congreso Internacional y la 19ª Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Titular del Ejecutivo Federal recordó que en esta Administración “se han aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se han emprendido las acciones para su cumplimiento. Igualmente, hemos avanzado en el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.

“Estamos convencidos de que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de ser una obligación constitucional, es un deber irrenunciable”, añadió.

Refirió que “estar a la altura del mandato de nuestra Constitución en materia de derechos humanos, requiere de la suma de esfuerzos de todos los Poderes y de todos los gobiernos. También exige una constructiva interacción entre sus organismos defensores y las autoridades”.

Destacó que, por otro lado, “se ha adoptado un enfoque preventivo en las dependencias federales, a fin de evitar actos que vulneren la dignidad de las personas.

El Primer Mandatario señaló que esa convicción de respeto a los derechos humanos “la comparten nuestras Fuerzas Armadas, quienes desempeñan su ardua responsabilidad con firme compromiso con los derechos humanos. Y qué mejor manera de acreditar esta afirmación que los primeros ocho meses de este año el número de recomendaciones de la CNDH dirigidas a las Fuerzas Armadas fue 87.5 por ciento menor al mismo periodo de 2012”.

Precisó que el Ejército Mexicano “ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia, al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México”.

“La Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado colaboración irrestricta para que la autoridad competente determine la verdad jurídica del caso, e inició una propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos”, subrayó.

Indicó que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes, y además “habrán de coadyuvar con la CNDH para avanzar en las propias diligencias que realiza este organismo autónomo”.

Expresó su confianza en que las investigaciones “permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos”.

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