La Comisión de Pesca aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley de General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El presidente de esta instancia legislativa, Alfonso Montoya Inzunza, recordó que en abril de 2008 expiró el plazo para que el Ejecutivo federal publicara el referido estatuto, el cual se coordina con el Reglamento de la Ley de Pesca, vigente desde 1999.
Sin embargo, continuó, con el tiempo este ordenamiento fue rebasado, ya que no contempla instrumentos como el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura; el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (Promar) y el programa Propesca, entre otros.
A su vez, la diputada priista Landy Margarita Berzunza explicó que el dictamen del punto de acuerdo detalla que esa ley mandata organizar y poner en funcionamiento el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, con base en las disposiciones reglamentarias que deriven de la misma ley.
Explicó que esta legislación indica que el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los gobiernos estatales contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del registro en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Sin embargo, expuso, el reglamento vigente de la ley de pesca sólo prevé un Registro Nacional de Pesca y no obliga a la dependencia del ramo a inscribir en ese instrumento a los acuacultores que no requieran concesión, permiso o autorización.
“Es ampliamente conocido que en la actualidad, hasta para acceder a algún tipo de apoyo de programas en concurrencia se requiere de la inscripción en el Registro Nacional de Pesca o Acuícola”, agrega el documento.
Puntualiza que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente impone a las actividades pesquera y acuícola la necesidad de un permiso o concesión, independientemente de que sea de naturaleza comercial, de fomento, didáctica o deportivo-recreativa.
Por ello, “es imperativo que se emitan el o los reglamentos con la finalidad de que los servidores públicos, a quienes corresponde su aplicación, cuenten con un elemento normativo que les permita completar los programas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, y a las autoridades estatales, atender con precisión cada aspecto que la Ley General establece”.
Por otra parte, el texto destaca que es menester describir en el reglamento de la ley las funciones del fondo Promar, las formalidades para acceder a sus recursos y los términos para el funcionamiento y rotación de los integrantes del “Comité Mixto” que lo operará.
Los integrantes de la Comisión de Pesca coincidieron en que la expedición del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables correspondía a otra administración; sin embargo, consideraron pertinente solicitar al actual Ejecutivo federal esta tarea en virtud de los nuevos programas e instrumentos para el sector pesquero.