La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH-Morelos) exigió al gobierno morelense, encabezado por Graco Ramírez, hacer públicas las acciones que ha emprendido para dar cumplimiento a las 15 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo que indagó la violencia feminicida en la entidad.
En un pronunciamiento público, la organización –que presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) de la que se desprendieron la investigación y las 15 recomendaciones– demandó al gobierno del estado de Morelos dar a conocer lo que estaría reportando a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con la CIDH-Morelos, ayer se cumplieron tres meses “sin cumplimiento de las 15 medidas contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo”.
En tanto –añadió la organización– crece la violencia feminicida, ya que de enero a la primera mitad de diciembre de este año se acumulan 54 muertes violentas de mujeres en la entidad.
Existe “una grave constatación de que continúa incrementándose el nivel de violencia feminicida a pesar de que el diagnóstico emitido por el Grupo de Trabajo indicó puntualmente que existía el riesgo de llegar a esta situación si no se tomaban las medidas señaladas en cada una de las 15 recomendaciones”, dijo la CIDH-Morelos.
Ejemplifica con el caso de homicidio de una joven perpetrado el pasado 16 de diciembre en el municipio de Temixco, además de la sentencia de apenas 13 años a un feminicida, “cuando el gobierno hace campaña de que (el delito de feminicido) se sanciona con 70 años, (esto) es otro ejemplo de la simulación y doble discurso”.
En ese sentido recordó que para cada recomendación emitida por el Grupo de Trabajo se establecieron medidas específicas de verificación.
Para la primera recomendación –que define que los casos de feminicidio registrados por la organización deben ser resueltos de manera correcta– se demandó que la Fiscalía General de Morelos identifique los casos de feminicidio y homicidios de mujeres que tiene registrados desde 2000 a la fecha.
Así como realizar una relación del estado procesal de cada uno de los casos, elaborar un diagnóstico sobre cada uno de ellos con las líneas de investigación agotadas, realizar las diligencias correspondientes en cada uno de los casos, elaborar un informe sobre aquellos que actualmente están en “reserva temporal” y cuya investigación no fue posible reabrir, entre otras acciones.
Para la CIDH-Morelos “una considerable cantidad de las medidas de verificación son elementales y deberían ser parte del actuar cotidiano de las autoridades”, no obstante éstas han llegado a decir que es prácticamente imposible su cumplimiento.
De manera contradictoria, el gobierno aseguró que cumpliría con estas recomendaciones en el plazo de seis meses –contabilizados a partir del pasado 18 de septiembre cuando fueron formalmente aceptadas–, con el objetivo de que no se declarara inmediatamente la AVG.
La CIDH-Morelos reiteró que no dejará de exigir que el gobierno de la entidad cumpla con todas las recomendaciones, y pidió conocer las medidas que se han implementado hasta el momento.
Entre las 15 recomendaciones está la capacitación en perspectiva de género y Derechos Humanos; programas de atención y reeducación a las personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de violencia feminicida; crear un registro de órdenes de protección, y asignar presupuesto para la atención de este flagelo.
Fuente: Cimacnoticias