El diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD) planteó reformas al artículo 134 de la Constitución Política, con el propósito de hacer explícita la obligación de hacer un uso eficiente, eficaz, transparente, honesto y austero de los recursos públicos que le son asignados a los Poderes de la Unión y entes autónomos.
Indicó que ante la amenaza constante de la partidización y del dispendio en el uso de los recursos públicos que les son asignados a estas instancias, se hace cada vez más necesario sujetar su actuación y sobre todo la aplicación de sus presupuestos, a principios de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia, los cuales deben observarse en todas las actividades públicas y por todas las instituciones del Estado.
En su iniciativa, Aureoles Conejo explicó que el país necesita retornar la senda del crecimiento económico, ya que “es algo que no se ha logrado en las últimas dos décadas”.
Dijo que si bien es cierto el entorno internacional no ha sido del todo favorable, también es verdad que el modelo neoliberal de desarrollo ha generado más desigualdad, estancamiento y el desmantelamiento del Estado.
“México también pierde gran cantidad de recursos por la vía de la corrupción, del desvío de dinero público para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y de amigos contratistas de funcionarios, o bien para el gasto en sus actividades políticas, de manera totalmente ilegal”, alertó.
El diputado expuso que tan sólo para el 2015 se asignó al conjunto de los organismos autónomos un presupuesto superior a los 50 mil millones de pesos, incluida la futura Fiscalía General de la República.
Detalló que si le agrega el presupuesto de los Poderes Judicial y Legislativo, la cifra asciende a más de 100 mil millones de pesos, “hasta ahora no sujetos de manera explícita a los principios descritos en el artículo 134 constitucional para el uso de los recursos públicos”.
Afirmó que sin el establecimiento de los límites que enuncian los principios, existirá siempre la tentativa de hacer un uso discrecional y abusivo de estos recursos.
Por ello, agregó, es necesario “atajar la tentación de destinar parte de estos recursos a los servicios personales de la alta burocracia de los órganos autónomos bajo la forma de pensiones vitalicias, bonos de reconocimiento, bonos de partida o cualquier otro tipo de estímulos y reconocimientos”.
Silvano Aureoles subrayó que la iniciativa busca incluir el concepto específico de órganos autónomos como una parte fundamental de las definiciones del artículo 134 de la Constitución Política, para que todo servidor público de los Poderes de la Unión, y de estos órganos autónomos, tenga claro la pulcritud, transparencia, honestidad, eficacia y austeridad con la que se tienen que administrar los recursos públicos, ya que es un mandato supremo de la Carta Magna.