El senador Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó a los gobiernos estatal de Puebla y federal garantizar la seguridad, integridad física y psicológica de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), detenido el 19 de diciembre pasado.
Asimismo pidió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos y que se aplique el Protocolo de Estambul, que los resultados de la pesquisa se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció porque se deje de criminalizar a los pueblos y comunidades indígenas.
En ese sentido, mencionó que las detenciones arbitrarias son contrarias al principio de inocencia ya que se detiene a alguien con el fin de confirmar una sospecha y no para determinar si es el probable responsable de haber cometido un delito.
Encinas Rodríguez dijo este problema tiene un nivel alto de gravedad porque minimiza o cancela completamente las posibilidades de defensa jurídica del detenido y es un catalizador para otros delitos como la tortura, la desaparición forzada, el abuso de autoridad y lesiones, la privación ilegal de la libertad o la seguridad jurídica.
El dirigente social fue detenido cuando se encontraba en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación municipal donde tenía previsto hablar con el titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría, para pedir solución a un caso de desalojo de afiliados a la organización que dirige, de la plaza comercial Los Gallos.
No obstante, subrayó, fue detenido e ingresado al penal de San Miguel a pesar del amparo a una orden de aprehensión girada la tarde del jueves por el Juzgado Quinto Penal.
El legislador señaló que de acuerdo con la defensa, el líder fue detenido con el argumento de que violó el beneficio de preliberación que tenía desde el 4 de abril de 2001, el cual finalmente le fue revocado.
Comentó que a “Simitrio” no se le permitía firmar desde el 2 de diciembre pasado las boletas que exige la situación jurídica preliberacional y ante esta irregularidad su abogado giró un oficio a la Secretaría de Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Gobernación advirtiendo del hecho.