Quito, 6 jun (PL) La Fiscalía ecuatoriana profundiza hoy el estudio de documentos incautados de archivos de la Policía Judicial (PJ), que corroboran existió entre 1984 y 1988 una unidad clandestina a la cual se le atribuyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.
Los documentos incautados comprueban la existencia de la unidad SIC-10, perteneciente al Servicio de Investigación Criminal (SIC) constituido durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, con el fin de combatir movimientos subversivos en Ecuador.
La existencia de esa unidad fue negada siempre por círculos policiales y políticos, pese a lo cual el Fiscal General, Galo Chiriboga, informó el hallazgo de documentos originales con nombres de oficiales, detalles de investigaciones y operativos que vulneraron derechos humanos.
Chiriboga manifestó que esta nueva información permitirá tener más indicios acerca de los 138 casos de atentados a los derechos humanos evidenciados por la Comisión de la Verdad, a fin de que puedan ser sometidos a juicios y no queden en la impunidad.
En la información hallada, agregó, se constató que en varios operativos participaron miembros policiales junto con efectivos de las Fuerzas Armadas y aseguró las evidencias recogidas se encuentran ya en cadena de custodia.
De los 138 casos investigados por la Comisión de la Verdad, señaló, dos ya han sido llevados a juicio y este año se espera que otros casos lleguen a los tribunales, aunque no especificó detalles al respecto.
El grupo SIC-10 fue constituido con agentes de varias brigadas del SIC-Pichincha y el 28 de septiembre de 1985 se formalizó esta unidad secreta como Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS) y un año después como Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
Entre los presuntos crímenes que se le atribuyen al SIC están la desaparición forzada de los menores Santiago y Andrés Restrepo, cuyos cuerpos aún no han sido encontrados a pesar de los múltiples esfuerzos por hallarlos.
Además, la ejecución de la maestra Consuelo Benavides (1985) y la desaparición, tortura y asesinato de muchos ciudadanos, sospechosos de pertenecer al grupo revolucionario clandestino Alfaro Vive Carajo (AVC).