Consolidar el régimen de libertades civiles, políticas y sociales en México ha sido una tarea permanente en la historia y ahora toca al Poder Legislativo contribuir a fortalecer la defensa y ejercicio de los derechos humanos en el país.
Por ello, el Congreso de la Unión debe responder de manera contundente a los reclamos de la sociedad, a efecto de contar con instrumentos que la protejan de abusos y omisiones de las autoridades.
Así lo consideró el grupo parlamentario del PRI en un punto de acuerdo turnado por la Mesa Directiva a la Primera Comisión de la Permanente, a efecto de que sea discutido por los legisladores.
En este sentido, se destaca en el texto, en junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional “más sustancial en materia de derechos humanos de la historia contemporánea”, pues establece la obligación del Estado a reconocer este tipo de garantías y armonizarlas con los tratados internacionales que México ha firmado al respecto.
Sin embargo, se subraya, la administración federal anterior “irresponsablemente” no actuó en consecuencia, ya que según Amnistía Internacional en los seis años de gobierno de Felipe Calderón más de 60 mil personas murieron y 150 mil tuvieron que desplazarse de sus hogares debido a la violencia vinculada a la guerra contra el crimen organizado.
Aunado a ello, durante ese periodo “se privilegió el uso y abuso de las armas en México” y “se permitió como estrategia introducirlas para llegar a los protagonistas de la lucha contra el narcotráfico, lastimando a la sociedad mexicana como nunca antes, mermando los derechos de libre tránsito, de expresión, de protección a la vida y al patrimonio”, se apunta en el documento.
El gobierno –se agrega– ignoró los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizados, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad.
Asimismo, indica que Amnistía Internacional dio a conocer que durante esos seis años se habían registrado por lo menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país, en tanto, la CNDH investigaba 2 mil 126 casos de presunta desaparición forzada.
En el documento también se menciona que la CNDH contabilizaba al menos 15 mil 921 cadáveres sin identificar, de los cuales más de mil 400 se habían exhumado de fosas comunes clandestinas.
“Las vidas de las y los mexicanos pasaron a ser una numeralia cotidiana de la prensa, dejando a un lado la sensibilidad de quienes pierden a una madre, a un hermano, a los amigos del aula o, incluso, a un compañero de trabajo en el desempeño de sus funciones”, se puntualiza.
Ante este escenario, los legisladores priistas propusieron que la Comisión Permanente solicite un informe a la Secretaría de Gobernación sobre el estado en que recibió los expedientes, así como las acciones llevadas a cabo en materia de derechos humanos en esa dependencia durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
De igual manera, propusieron que, en su caso, “proceda penal y administrativamente en contra de los servidores públicos responsables” por “omisiones como por actos cometidos en contra del respeto, promoción y procuración de los derechos humanos” en México.
“Toca ahora a este Poder Legislativo denunciar y conocer a fondo por qué una administración completa fue omisa en la protección de los derechos humanos”, enfatizaron.