Berna, 9 jun (ULAN-PL) Los suizos respaldaron hoy un endurecimiento de la ley de asilo encaminado a frenar la entrada al país de refugiados, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados tras un referendo.
Luego del cierre de los centro de votación, se anunció por televisión que nueve de los 23 cantones del país aprobaron con el 79 por ciento de los votos los cambios introducidos en la ley, tal y como se esperaba a partir de sondeos realizados días previos al plebiscito.
Unas horas después se divulgaron las cifras de otros 10 cantones, donde los resultados fueron similares
Entre las modificaciones introducidas, se encuentran la anulación de la posibilidad de utilizar el rechazo al servicio militar como excusa para pedir asilo, así como el fin de la oportunidad de solicitarlo desde embajadas en otros países.
No obstante el apoyo dado hoy en el referendo, una parte del país se oponía a la nueva ley, en tanto defensores de derechos humanos, iglesias y sindicatos se habían juntado en un grupo de coordinación «contra la exclusión y la xenofobia».
Actualmente, alrededor de 48 mil personas esperan respuesta a sus pedidos de asilo, y en 2012 apenas el 11,7 por ciento de los aspirantes lo lograron, tras dos años de espera.
El año pasado llegaron a Suiza más de 28 mil individuos, una cifra record desde 2002, los cuales provenían fundamentalmente de Eritrea, Nigeria, Túnez, Serbia y Afganistán.
Durante las últimas tres décadas, la Ley Federal del Asilo se ha revisado una decena de veces, cada tres años como promedio.
En el plebiscito realizado hoy, los suizos también se pronunciaron con respecto a una propuesta para que los siete miembros del Consejo Federal de gobierno comiencen a ser elegidos por el pueblo en sufragios cada cuatro años, y no en el Parlamento, como había sido hasta ahora.
Según los datos difundidos, esta iniciativa fue rechazada.
En correspondencia con las leyes suizas, los ciudadanos de ese país pueden llevar a referendo innumerables temas, y se estima que asisten a urnas alrededor de cuatro veces al año para dirimir asuntos de interés nacional o comunitario.