Washington, 14 jun (PL) El programa del Pentágono contra los abusos sexuales en las fuerzas armadas estadounidenses resulta inefectivo y un gasto inútil, señala una carta enviada al Senado por una exoficial y publicada hoy.
La teniente coronel retirada Sharon Stepp envió la misiva al presidente protémpore del senado, Patrick Leahy, en la que manifiesta estar harta de los escándalos sexuales que abundan en las instituciones castrenses del país norteño.
Stepp señala en su misiva que desde sus propias experiencias puede afirmar que el programa de lucha contra las conductas sexuales impropias está desmembrado a nivel nacional, los jefes no castigan a los culpables, sino que los promueven, tampoco protegen a las víctimas ni permiten su seguimiento desde el punto de vista médico.
La exoficial fue coordinadora de respuesta y prevención a los delitos sexuales en una base aérea de la Guardia Nacional del estado de Nueva York entre 2006 y 2010.
Durante el tiempo que estuvo en ese cargo, Stepp reportó a sus superiores varios incidentes de acoso sexual, pero las víctimas nunca realizaron reclamaciones formales porque temían represalias que afectaran sus respectivas carreras militares, y no se tomaron medidas contra los victimarios.
La militar retirada dijo que apoyaba el proyecto de ley de la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, rechazado por el Comité de Servicios Armados de la cámara alta esta semana, que pretendía quitarle a la cadena de mando la facultad de decidir si se procesan o no los acusados de determinados delitos graves como los ataques sexuales.
Durante una audiencia senatorial la semana pasada, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Martin Dempsey, dijo que la reducción de esa responsabilidad de mando puede afectar la capacidad del jefe para mantener el orden, la disciplina y cumplir las complejas misiones que tiene ante sí.
En los últimos meses medios de prensa revelaron varios escándalos sexuales dentro de las fuerzas armadas, y un informe reciente del Pentágono reconoció que en 2012 se reportaron más de 26 mil delitos de ese tipo en las instituciones castrenses, lo que significó un crecimiento de más de un 30 por ciento en relación con 2010.
