Washington, 15 jun (PL) El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es perseguido hoy por una seguidilla de escándalos sin pausa desde que inició su segundo mandato hace seis meses.
Las filtraciones, acusaciones e investigaciones se añaden a otros problemas domésticos e incumplimientos de su compromiso de lograr una reforma migratoria integral y el cierre de la cárcel estadounidense en la base naval de Guantánamo, ubicada en territorio ocupado en el Este de Cuba.
Una intromisión sin precedentes en el caso de la intervención de 20 líneas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP), según se conoció en mayo, dio lugar al conocimiento de la existencia de un programa ultrasecreto de vigilancia a miles de usuarios de de la filial telefónica Verizon y de Internet.
La semana pasada el diario británico The Guardian y The Washington Post, de Estados Unidos, sacaron a la luz los datos obtenidos por Edward Snowden, un exasistente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo cuales evidencian que la Agencia Nacional de Seguridad con su programa PRISM accedió a datos de miles de personas.
Este sábado se informó que el gobierno solicitó datos de unos 19 mil usuarios de la red social Facebook y de casi 32 mil clientes de la compañía informática Microsoft en el segundo semestre del pasado año.
La práctica de espiar cuenta con respaldo legal en las polémicas Ley Patriota y la Ley de Vigilancia de Información Extranjera heredadas de George W. Bush.
Grupos de derechos civiles señalan que se ha violado la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a los ciudadanos de «búsquedas injustificadas».
Algunos expertos consideran que más allá de puntos de vista políticos y partidistas, estos casos tocan por diferentes aristas el tema de los derechos ciudadanos.
A estas tormentas se suma que el Servicio de Rentas Internas admitió en un informe difundido en mayo que había usado criterios inapropiados en un excesivo escrutinio a grupos conservadores que llevaran en sus nombre las palabras Tea Party y patriota.
La revelación generó la renuncia del comisionado interino de la dependencia federal, Steven Miller, y de otro funcionario y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación criminal, y ya los demócratas temen que esto pueda tener un efecto negativo en las elecciones de medio término que se celebrarán en 2014.
Antes de estos escándalos los republicanos tenían en el colimador de sus ataques las presuntas fallas de seguridad que en septiembre de 2012 no pudieron impedir el atentado al consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi, donde murieron cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador en Trípoli, Christopher Stevens.