Washington, 18 jun (PL) Varios miembros demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron hoy un proyecto de ley que intenta limitar las actividades de las agencias de espionaje contra los ciudadanos de este país.
El grupo bipartidista pretende restringir la capacidad legal del Gobierno para recolectar datos de los registros telefónicos de los norteamericanos, y está integrado por el republicano Justin Amash y el demócrata de mayor rango en el comité Judicial de la Cámara baja, John Conyers, ambos considerados conservadores.
El proyecto cuenta con el apoyo de 31 republicanos y demócratas y se denomina con las siglas Libert-E, ó HR-2399.
La propuesta tiene como fin evitar la recolección masiva de datos por parte de las agencias de espionaje, sobre asuntos que no están dentro de una investigación autorizada que se relacione con actividades terroristas o de los servicios de inteligencia extranjeros.
Bajo la legislación actual, el Gobierno tiene que demostrar que los registros solicitados son relevantes, pero quienes apoyan el nuevo proyecto de ley califican ese parámetro como demasiado abierto porque puede incluir cualquier llamada telefónica que se realiza en Estados Unidos, informa este martes el diario The Hill.
La propuesta requiere que el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia evalúen el daño de esas actividades a la privacidad de los estadounidenses.
El proyecto es una reacción del Capitolio al escándalo provocado por revelaciones recientes del diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post sobre la existencia de un programa secreto de la Agencia de Seguridad Nacional para examinar documentos, correos electrónicos y vídeos de usuarios en 35 países.
Edgard Snowden, quien reconoció haber filtrado esas informaciones a la prensa, se encuentra fugitivo al parecer en Hong Kong.
Tras conocerse las denuncias, el presidente Barack Obama y algunos líderes del Congreso defendieron los programas de vigilancia doméstica, con el pretexto de la protección de la seguridad nacional del país, pero grupos defensores de los derechos civiles califican estas acciones como anticonstitucionales.
