Brasilia, 25 jun (PL) La propuesta de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, de convocar a un plebiscito para una Asamblea Constituyente que impulsaría la reforma política en el país acapara hoy la atención nacional y genera disímiles reacciones.
Esta iniciativa, anunciada la víspera, recibió el respaldo de gobernadores y prefectos que sostuvieron un encuentro con Rousseff para discutir las medidas a adoptar para responder a las exigencias de millones de ciudadanos que durante más de dos semanas marcharon por las principales ciudades de esta nación.
El ministro de Educación, Aloizio Mercadante, destacó el interés de la jefa de Estado de trabajar en cinco objetivos concretos: Responsabilidad fiscal y control de la inflación, Reforma política, Salud, Transporte público y Educación.
Puntualizó que en estos puntos se incluye además el llamado a un plebiscito popular para que los electores decidan sobre a convocatoria a una Asamblea Constituye para emprender una reforma política.
Sin embargo, líderes de partido de oposición acusaron a la dignataria que querer arrogarse una prerrogativa del Congreso Nacional de convocar a un referéndum sobre la Constituyente.
Se trata de un atropello al Legislativo con ese llamamiento de realizar un plebiscito sobre una reforma política, destacaron miembros de los partidos de la Social Democracia (PSDB), de Movilización Democrática (MD) y Democrático (DEM).
«Es una competencia exclusiva del Congreso convocar a un plebiscito» señalaron los opositores al imputar a la jefa de Estado no responder a las ansias de cambio de la población», señaló el presidente del PSDB, senador Aécio Neves.
Por su parte, la secretaria de de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, señaló que el referéndum para una Constituyente podría celebrarse el 7 de septiembre, Día de la Independencia, o el 15 de noviembre, Día de la Proclamación de la República.
Medios de prensa brasileños alertan que el referéndum -según la Constitución- será propuesto en un proyecto de decreto legislativo en la Cámara y el Senado, y aprobado por ambas instancias.
Posteriormente, el Congreso envía esa ordenanza al Tribunal Superior Electoral, que es responsable de determinar la fecha, preparar la pregunta, la hora de la propaganda y las reglas de campaña favorables, entre otros.
