La senadora de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, alertó que se estima que a nivel nacional 67.3 por ciento de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia, a pesar de que sea determinada por un juez, lo que atenta de manera fundamental contra los derechos de la niñez, porque son las hijas y los hijos quienes padecen las consecuencias.
“Las estadísticas reflejan la realidad, la obligación alimentaria a favor de excónyuges, particularmente, mujeres, así como para hijas e hijos, presenta un alto nivel de incumplimiento, debido a que ninguno de los mecanismos contemplados han garantizado por sí mismos que se cumpla cabalmente con este derecho”.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la mayoría de los divorcios la pensión alimenticia se decreta a favor de los hijos menores de edad, así en el 91 por ciento de los casos los acreedores son los hijos, en 8.1 por ciento resulta ser la esposa y los hijos, y en 0.9 por ciento son los hijos y el esposo.
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática propondrá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobar un exhorto a los Congresos locales para que revisen sus legislaciones, a efecto de incluir y, en su caso, reforzar los medios tendentes a asegurar el cumplimiento del derecho de alimentos consagrado en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales para garantizar este derecho a favor de la niñez principalmente.
En el punto de acuerdo se propone, entre otros aspectos, incluir sanciones civiles o penales para quienes incumplan el deber jurídico de ministrar alimentos, para quienes deliberadamente se coloquen en estado de insolvencia para evadirlo y para aquéllos que omitan proporcionar información respecto de los ingresos de los deudores alimentistas cuando les sea requerida, con la finalidad de castigar efectivamente el incumplimiento de ese deber jurídico.
La legisladora también establece en el punto de acuerdo se considere la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos en cada Estado. Dicho registro representa un mecanismo persuasivo para el deudor alimentario, que involucra presión social y civil, por ende, puede contribuir a disminuir los niveles de incumplimiento de este deber jurídico y sus calamitosas consecuencias.
Alejandra Barrales afirmó que lo deseable sería que todas las legislaciones de los Estados se uniformaran en ese sentido, para contar con mayores mecanismos tendentes a garantizar la pensión alimentaria a favor de excónyuges, hijas e hijos, sobre todo cuando sean menores de edad.