Dos canadienses imputados por supuesto plan terrorista

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Ottawa, (ULAN-PL) Un hombre y una mujer canadienses fueron imputados hoy por planificar supuestamente un plan para detonar tres bombas caseras en la provincia de Columbia Británica durante las celebraciones por el 1 de julio, día de la independencia nacional.

John Nuttall, de 39 años de edad; y Amanda Marie Korody, de 30 años, enfrentan cargos por conspirar para ubicar y explotar artefactos letales en espacios públicos con la intención de causar la muerte o heridas serias a las personas.

Además, se les acusó de facilitar una actividad terrorista y la posesión de objetos explosivos.

La policía informó que ayer arrestó a los jóvenes, frustró el complot y halló las bombas -hechas con ollas a presión- frente al parlamento de Columbia Británica, ubicado en la ciudad de Victoria y donde miles de personas se congregaron para celebrar el Día de Canadá.

Esos recipientes contenían tuercas, clavos, arandelas, tornillos y otras piezas metálicas.

Las autoridades afirmaron que los acusados fueron inspirados por la “ideología” de la red islamista Al Qaeda, pero no tenían vínculos con organizaciones terroristas en el exterior.

En abril pasado, dos hombres de origen árabe fueron detenidos y acusados de un supuesto plan contra el servicio de trenes entre la ciudad de Toronto y la estadounidense de Nueva York, además de varios cargos relacionados con terrorismo y por sus presuntos nexos con Al Qaeda.

Ambos jóvenes negaron esas acusaciones y calificaron de injusto el proceso iniciado contra ellos.

A raíz de ese incidente, la Cámara de los Comunes sacó a debate y aprobó por mayoría un polémico proyecto de ley contra el terrorismo que llevaba más de un año engavetado.

La legislación convierte en un hecho criminal el salir de Canadá para participar en actos terroristas, concede más poderes a la policía para realizar arrestos preventivos de hasta tres días sin presentar cargos y sancionar hasta con 12 meses en prisión a cualquier sospechoso que se niegue a testificar frente a un jurado.

Organizaciones civiles denuncian que esas provisiones son innecesarias y también violatorias de los derechos humanos.

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