Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Federico Döring, Laura Ballesteros, Olivia Garza de los Santos y Orlando Anaya, presentaron hoy ante Comisión de Gobierno de la ALDF dos iniciativas de reformas a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal para evitar que servidores públicos, sobe todo quienes son ex Presidentes de la República, ex Gobernadores, ex Jefes de Gobierno y ex Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales.
“Venimos a entregar la iniciativa Anti Góngora, lo que estamos buscando es que haya piso parejo y que la ley sea aplicable para todos, pero especialmente que los servidores públicos se hagan responsables ante la ley sin tráfico de influencias” subrayó Laura Ballesteros.
Asimismo, señaló que lo que se pretende con estas reformas es proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad especialmente a personas con autismo cómo ocurrió con el caso de ex Ministro Góngora Pimentel. Agregó que esta ley se basa en este caso, pero pensando en que esta situación no se debe repetir en un futuro.
El diputado Orlando Anaya explicó que una de la iniciativas tiene que ver con las reformas al registro de deudores alimentarios “Con esto buscamos dos cosas: la primera consiste en publicar el registro de deudores alimentarios y que quien aparezca en este no pueda contraer matrimonio, así reforzaremos que aquella persona que no pague la pensión alimenticia de su hijo tenga por obligación entregar al registro una publicación de sus bienes patrimoniales para poder salvaguardar la pensión del menor. La segunda es que la pensión que reciban no sea menor al salario vigente del DF”.
Al respecto abundó que esto ayudaría a que en caso de que el tutor no pueda comprobar la viabilidad económica para la pensión alimenticia, sí se podría garantizar con los bienes. El objeto es no dejar en vulnerabilidad al menor y demostrar que hay bienes con qué hacer sustentable la manutención de este.
Por su parte la legisladora del GPPAN Olivia Garza de los Santos dijo que en la iniciativa referente a las reformas al código penal.
“Estamos modificando el artículo 277 BIS donde estamos tipificando como un delito, que contará con una sanción de dos a seis años de cárcel, el hecho de que un funcionario o ex funcionario público utilicen sus relaciones para hacer negocios particulares o públicos utilizando su influencia”. aseguró Garza de los Santos