Campesinos colombianos del Catatumbo ratifican que seguirán en paro

Bogotá, 6 jul (PL) Los líderes campesinos que protestan en la región del Catatumbo, en el departamento colombiano del Norte de Santander, ratificaron hoy que la movilización continuará hasta que se cumpla el pliego de peticiones exigidas al Gobierno.
En un comunicado oficial la víspera, los representantes gubernamentales subrayaron que tienen toda la voluntad de seguir dialogando con los agricultores pero condicionaron la mesa de negociación al levantamiento del paro.
En declaraciones a la cadena televisiva Telesur, Gilma Tellez, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo, precisó que tras una reunión con los 200 líderes de las comunidades decidieron que las manifestaciones, iniciadas hace 26 días, continuarán. Si el paro se levanta, dijo, es posible que el Gobierno no cumpla.
Estamos cansados de tantas promesas, no vamos a perder más tiempo, no podemos, hemos esperado mucho. Siempre nos engañan, todo se queda en papeles y nunca nos cumple, apuntó Tellez a ese medio televisivo.
Tras concretar el jueves último la metodología y el cronograma, la mesa en el municipio de Tibú fue suspendida ayer por los campesinos en rechazo a las declaraciones del ministerio de Defensa, que intenta vincular a los líderes del gremio con la guerrilla.
Ese ministerio reveló supuestas pruebas sobre las relaciones de los voceros campesinos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La información publicada por los medios corresponde a una estrategia encabezada por el ministerio de Defensa que busca desvirtuar las protestas, ilegitimar a los voceros y minar el diálogo entre el Estado y las comunidades campesinas, subrayaron los agricultores.
El pasado 11 de junio los campesinos salieron a las calle a protestar en reclamo por la declaración de una Zona de Reserva Campesina.
También exigen la sustitución gradual de los cultivos ilícitos, subsidios para mitigar la crisis alimentaria y acceso a la salud en una región abandonada por el Estado desde hace más de siete décadas.
Las manifestaciones, en las que participan más de 16 mil personas, han sido atacadas por la fuerza pública, con un saldo de cuatro muertos y más de 30 heridos de gravedad.