Diputados locales y federales del PRD solicitaron al procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que investigue la actuación que ha tenido el grupo de abogados que encabeza Ricardo Martínez Chávez en el caso del table dance Cadillac, donde hubo 14 detenidos durante un operativo por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, mismos que ya recibieron el auto de formal prisión.
Los asambleístas Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, así como el diputado federal Carlos Augusto Morales, reconocieron que si bien la Constitución establece que todo inculpado tiene derecho a ser defendido, es necesario determinar si la actuación de los litigantes ha estado apegada a derecho, o bien incurrieron en la comisión de algún ilícito en la defensa de sus clientes del Cadillac, entre los que se encuentran meseras, personal de seguridad, empleados y el encargado del establecimiento, Rodrigo Ampudia.
“Hemos solicitado al procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza, instruya a que se investigue si este grupo de abogados hace un uso inadecuado de la cédula profesional, porque si bien es cierto todos tenemos el derecho constitucional a ser defendidos, también lo es que esta defensa debe apegarse estrictamente al marco legal vigente”, señalaron.
Revelaron que tal y como lo han señalado diversas organizaciones que defienden a las mujeres víctimas de trata de personas, en torno a este fenómeno opera una red delincuencial que ha hecho de la defensa de los inculpados por trata un negocio redondo.
“Son abogados que realizan todo tipo de gestiones y de defensa para lograr la libertad a ultranza o sobornando a autoridades, que incluso han llegado a ejercer la violencia física o psicológica sobre las víctimas para que éstas retiren las denuncias interpuestas o cambien su versión de lo declarado ante el agente del Ministerio Público”, resaltaron.
Al respecto, pidieron al procurador capitalino indagar las amenazas que Ricardo Martínez Chávez, abogado también de giros negros como el Royal, Farenheit y en su tiempo de Lobohombo, hizo a las 46 mujeres rescatadas en el Cadillac para que retiraran sus denuncias, ya que de lo contrario serían “boletinadas” en todo el país para que no volvieran a encontrar trabajo.
Asimismo, urgieron a la PGJDF a esclarecer si el grupo de bailarinas que acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a presentar una queja por supuestos abusos y presiones durante el operativo realizado en el Cadillac, lo hizo por propia iniciativa o bajo amenazas del grupo de litigantes que lidera Martínez Chávez.