Abren en argentina nuevo proceso contra delitos de última dictadura

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Buenos Aires, 16 jul (PL) Un tribunal federal argentino inició hoy el proceso legal contra un grupo de represores durante la última dictadura militar por el delito de persecución económica a grupos de personas.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Juan Alfredo Etchebarne, que ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura cívico militar, precisa en su sitio digital el diario Página 12.
También fueron procesados otros cuatro represores por el secuestro y tortura de 28 personas bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de “subversión económica”, precisa la información.
La medida tomada por Rafecas en la causa de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército alcanza también al excoronel del Ejército Francisco D´Alessandri, al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y al exagente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti.
Los imputados fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1978.
Las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del (fallecido) General Carlos Suárez Mason, informaron voceros judiciales a la agencia Télam.
Esas personas se encontraban vinculadas a los grupos económicos Chavanne y Grassi, los que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver, explicaron las fuentes.
Bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de “subversión económica”, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento.
La investigación judicial, iniciada en junio de 2010, reunió numerosos testimonios, entre ellos los de la mayoría de las víctimas y analizó una amplia documentación proveniente de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
El magistrado Rafecas puso de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores.

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