Buenos Aires (PL) La Corte Suprema argentina debe emitir ahora su resolución sobre la Ley de Medios que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró constitucional.
En particular, la fiscal general decretó válidos los artículos suspendidos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su nombre oficial, en especial el 45, que fija restricciones a la multiplicidad de licencias en el ámbito nacional y local, lo cual objetó el consorcio mediático argentino Grupo Clarín.
Como parte del proceso, el tribunal supremo giró la causa de la Ley de Medios a Gils Carbó para que emitiera su consideración, y la procuradora de la Nación dictaminó que la misma es constitucional.
La Ley de Medios, aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo en octubre 2009, reemplazaba a una norma sobre este sector dictada durante la última dictadura militar.
En esencia, entre muchas estipulaciones destinadas a democratizar y diversificar el campo de los medios audiovisuales, contemplaba restricciones a la monopolización sobre estos.
Por eso fue objetada por el Grupo Clarín, cuando vio innecesariamente amenazados sus intereses, y obtuvo fallos de primera y segunda instancia que suspendieron varios artículos de la norma, los cuales ponen límites a su monopolio en el espectro televisual, radial y digital.
De ahí que lanzara una guerra a muerte contra la presidenta Cristina Fernández, su equipo ejecutivo y sus correligionarios.
Clarín es un consorcio mediático dueño de periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, casas editoriales, proveedores de internet y servidores de mensajería, imprentas y papeleras, entre otros emprendimientos.
En un extenso dictamen de 64 cuartillas, la procuradora recomendó el pasado viernes 12 de julio, expresamente al máximo tribunal, que revoque el fallo del 17 de abril pasado, emitido por la Cámara Civil y Comercial Federal, el cual benefició al consorcio multimedios.
La piedra angular del argumento de Gils Carbó es que tal fallo «omite absolutamente la ponderación de los intereses colectivos en juego, para centrarse en el interés patrimonial» de dicho grupo mediático.
«Esa sentencia denota una visión parcializada que se revela en el notable énfasis que pone en preservar los intereses patrimoniales de los demandantes, sin que se advierta igual tesón en respetar los derechos de la ciudadanía en contar con una mayor pluralidad informativa, de ideas y contenidos», sostiene el dictamen.
La procuradora argumenta que «las actuales dificultades a la participación de una pluralidad y diversidad de actores» no emanan de la escasez del medio utilizado para transmitir los servicios audiovisuales, sino de «obstáculos económicos, técnicos y políticos que el artículo 45 procura combatir».
Gils Carbó insiste también en que la Ley de medios promulgada en octubre de 2009 fue producto de un debate amplio y participativo, centrado en el propósito de «garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en condiciones de equidad y la conformación de un debate público plural y diverso».
Como proyecto, esa legislación no se originó solamente en el ámbito de los partidos políticos, sino que emanó como idea en 2004, cuando salieron a la luz 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación de la mano de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, recuerda el Observatorio Social.
Esa Coalición la integraban organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, movimientos sociales, de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas, las universidades nacionales, el movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios, pequeñas y medianas empresas y los pueblos originarios.
Antes de ser presentado al Congreso en marzo de 2009, el proyecto recibió modificaciones originadas en 23 foros y 80 conferencias socio-políticas, en los que participaron todos los sectores en todas las provincias con el propósito de incorporar las necesidades y requerimientos de todos los actores del complejo espectro audiovisual.
Entre otras estipulaciones, la Ley de Medios decretó la creación de un nuevo organismo regulador de los servicios de comunicación: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA), que hoy dirige Martín Sabbatella.
El objetivo básico de la AFCSA, además de velar por el cumplimiento de la legislación, es promover la participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Estableció, además, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, encargado de asesorar y colaborar con el diseño de la política pública de radiodifusión correspondiente a la autoridad, y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y de la Infancia.
La Ley otorga una cuota de pantalla a los productos nacionales de como mínimo un 70 por ciento y un 30 por ciento, en el caso de la música emitida; asimismo, la asignación de licencias se limita a 10 en el espectro abierto y hasta 24 cuando se trate de un servicio de suscripción.
Igualmente garantiza que los servicios previstos por esta ley sean operados por tres tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Y creó la Radio Televisión Argentina como empresa pública encargada de los servicios de comunicación audiovisual del Estado.
Otro punto muy importante es que la Ley le asigna frecuencias al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales.
Pese al dictamen constitucional decretado por la Procuradora General de la Nación, referentes en el ámbito político del oficialismo dudan que la Corte Suprema emita una resolución favorable a la Ley de Medios.
Las dudas emanan en especial luego que ese órgano falló en contra de tres medidas de la reforma judicial aprobada y promulgada para democratizar y transparentar el Poder Judicial, veredicto que respondió a los reclamos de las corporaciones legales y contentó a la oposición política en un año electoral.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Diana Conti, una de las principales líderes del oficialismo en el Congreso de la Nación, no esconde su pesimismo.
En recientes declaraciones a una radio local, expresó: «Yo no tengo expectativa alguna», y ante la pregunta de si se prepara para un adverso también sobre la Ley de Medios, respondió: «Y… para mí ya está descartado, me sorprendería lo contrario».
Al menos por el momento de feriado invernal, no se espera el fallo del tribunal supremo, por lo que se crea un vacío de suspenso.
Corte Suprema argentina debe decidir sobre Ley de Medios
