Bogotá, 17 jul (PL) Miles de mineros de todo el país iniciarán hoy una huelga por tiempo indefinido, que amenaza extenderse a 18 departamentos, entre estos el Chocó, Valle del Cauca, Huila, Caldas, Quindío y Antioquia, con cierres parciales de vías.
«Nuestro objetivo es protestar contra el trato de delincuentes que nos está dando el gobierno y las leyes que devienen política de exterminio de la minería tradicional para seguir entregando títulos a las multinacionales», afirmó el presidente de la Asociación de Mineros de Marmato (Caldas), Mario Tangarife.
Compulsados por la situación de abandono en que están inmersos, los medianos y pequeños mineros alegan que las autoridades prestan oídos sordos a sus demandas, y se han visto impelidos a recurrir a medidas de fuerza, las llamadas vías de hecho, para ser escuchados.
«No tenemos ninguna opción de cómo formalizarnos, queremos que nos escuchen y nos ofrezcan soluciones, garantías y conocimientos para seguir ejerciendo el oficio que alimenta a nuestras familias», arguyó Tangarife.
Por su parte, la directora de la Confederación Nacional de Mineros, Luz Stella Ramírez, precisó que los ejercen el oficio artesanalmente representan a dos millones de familias cuyo sustento es precario o casi inexistentes.
Entre las demandas de este sectir figuran la derogación del decreto de 2012, que autoriza a la policía a decomisar o destruir la maquinaria que utilizan
A este se suma el de 2013, según el cual los mineros tradicionales deben reunir una serie de requisitos, que no pueden cumplir, para formalizarse como extractores de oro, carbón o «material de arrastre» (arena y gravilla).
La situación es candente en el país, con focos de insurgencia social como el de los campesinos de Catatumbo que iniciaron por la vía pacífica sus reclamos de una zona de reserva, sustitución gradual de cultivos ilícitos y mejores condiciones de vida, a partir de una solución negociada.
Desde los primeros días han sido reprimidos con crudeza por la fuerza pública, con un saldo de cuatro muertos y numerosos heridos.
A partir de noviembre de 2012, el gobierno colombiano viene enfrentando sucesivos paros como el del sistema judicial, en pro de una equiparación salarial, aprobada por el Copngreso y postergada durante años.
Posteriormente, a principios de año, estalló la huelga de los cafeteros, que paralizó la producción del grano en el país y puso en vilo al gobierno, además de registrar pérdidas millonarias.
Caficultores que están a punto de levantarse de otra vez en paro ante los incumplimientos de los acuerdos suscritos con el gobierno en marzo pasado para poner fin a la crisis.
A los demandas de los mineros, se sumarán progresivamente las de otros sectores de la agricultura, entre estos los productores de papa, cebolla, algodón, arroz, leche, maíz y cacao, más los transportadores de carga por carretera, que engrosarán el paro nacional convocado para el 19 de agosto.
El gobierno de Santos tiene ante sí un panorama complejo, afectado por la pérdida de la credibilidad ante los compromisos rubricados, la creciente insurgencia social y la pérdida de confianza en los negociadores.
Como eje principal, el impacto negativo de los TLC sobre la producción agrícola.
Las gravísimas protestas en el Catatumbo, señala el analista Felipe Zuleta, ponen de manifiesto que este país es un polvorín, y que los ciudadanos del común deben acudir al expediente de las protestas violentas para que el gobierno los escuche.
El Estado, sostiene, se convirtió en el peor enemigo de los ciudadanos, un enemigo de mil cabezas, inalcanzable y abusivo.
Mineros colombianos en paro, las protestas se agudizan
