La Paz, 21 jul (PL) La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió hoy políticas públicas más enérgicas para enfrentar los linchamientos, en un país que ocupa el segundo lugar mundial en la práctica de esa forma de justicia comunitaria.
En entrevista con el diario Página Siete el representante de esa oficina del gobierno, Rolando Villegas, explicó que, según estudios, la nación andina solo es superada por Guatemala en el tema y atribuyó el problema a falencias judiciales en el castigo a culpables y en problemas educativos.
«El problema está en la educación. La gente responde de una u otra manera a viejas prácticas autoritarias. Hay que reconocer que en Bolivia el conjunto de nuestras culturas están imbuidas por visiones y prácticas autoritarias», explicó.
Según cifras oficiales, unas 10 personas han muerto linchadas en Bolivia en lo que va de año, unos quemados, otros ahorcados y algunos enterrados vivos.
En muchos barrios periféricos de esta capital es común apreciar muñecos colgados a las torres de electricidad, con advertencias de «ladrón pillado será quemado» o ahorcado.
El paso entre esta tradición y una cultura democrática es lento y todavía se cree que está bien que si alguien comete un delito sea la comunidad la que le dé una sanción ejemplarizadora, indicó
Por eso, la única manera de restituir las relaciones entre los originarios y la justicia ordinaria es llegar a un punto de equilibrio: están bien las sanciones, pero nunca jamás quitar la vida, agregó.
De acuerdo con medios de comunicación locales, en Bolivia ocurren entre 10 y 20 linchamientos por año. La institución argentina Fundar detectó que entre 2002 y 2003 se registraron 64 de estos intentos.
«Hay un alto grado de insatisfacción con el acceso a la justicia; por eso el linchamiento es como el trámite más rápido. Pero insisto, es parte de una percepción global: primero del distanciamiento con el poder y luego de encontrar a todo la salida fácil, esa viveza criolla de apartarse de la normativa, que es también parte de nuestra cultura», opinó el defensor.
Consideró, además, que muchas personas no son capaces de comprender los cambios políticos ocurridos en el país en los últimos años y mantiene un criterio desfavorable sobre el acceso a la justicia y el cumplimiento de la Ley.
Mucha gente de estratos populares no está viendo como algo importante este empoderamiento político y social de los últimos años, y adopta una actitud fatalista en la que la ley o la justicia son relativas, lejanas, afirmó.