Washington, 25 jul (PL) Congresistas demócratas y republicanos manifestaron hoy sus intenciones de eliminar el espionaje telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra ciudadanos del país, aunque la Cámara de Representantes determinó mantener ese programa.
Con una votación 205-217, los legisladores de la Cámara baja vetaron ayer una propuesta del republicano Justin Amash de poner fin a las facultades que confiere la Sección 215 de la Ley Patriota a la NSA para recolectar datos de las comunicaciones de los estadounidenses no sujetos a una pesquisa criminal.
En respuesta, el mismo Amash dijo en Twitter que el estrecho margen del sufragio lo impulsa a trabajar por mantener el debate abierto sobre el tema.
«Estuvimos cerca. Si apenas siete republicanos hubieran cambiado sus votos habríamos triunfado. Gracias por marcar la diferencia. Seguimos luchando», escribió el legislador en la red social.
En similares términos se pronunció otro patrocinador del proyecto, el demócrata John Conyers, al asegurar que la decisión de ayer representa solo el comienzo de la discusión de la vigilancia a la propia población de Estados Unidos.
La Casa Blanca y varios congresistas lanzaron una campaña contra la enmienda de Amash porque la consideran una amenaza para lo que califican de «importante herramienta de inteligencia».
Dicha iniciativa es una reacción al escándalo provocado por las revelaciones recientes del exanalista de la NSA Edward Snowden sobre los programas intrusivos de vigilancia telefónica y en Internet a ciudadanos estadounidenses, gobierno y empresas extranjeras.
El Comité de Reglas de la Cámara baja dio el visto bueno para incluir estas propuestas dentro de un centenar de textos similares que serán discutidos durante el análisis del proyecto de ley de gastos del Pentágono para el año fiscal 2014.
Snowden está refugiado en Rusia a la espera de asilo político en un tercer país porque Washington lo acusó de espionaje, robo de comunicaciones confidenciales y propiedades del Estado.
Según la Fiscalía, por los tres cargos imputados en su contra podría enfrentar una sentencia máxima de 10 años en prisión, pero el joven denunció que le será imposible tener un juicio justo en Estados Unidos porque el Gobierno agotará todos los recursos para condenarlo como traidor.