Washington, 25 jul (PL) El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó hoy medidas para proteger el derecho al voto de las minorías étnicas en Texas, en respuesta a la invalidación del acápite de una ley federal que evitaba la discriminación en las urnas.
La Corte Suprema el pasado 25 de junio votó 5-4 a favor de anular un punto del Acta de Derechos del Votante (ADV), aprobada en 1965, que obligaba a la Fiscalía a identificar los estados dónde es necesaria una mayor supervisión del Gobierno durante los procesos comiciales.
El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo en esta jornada que pedirá a un tribunal federal exigir al estado de Texas la obtención de un permiso antes de llevar a cabo cualquier modificación electoral, tras referirse a las evidencias de discriminación racial intencional en esa demarcación sureña.
Texas, junto otros territorios tradicionalmente conservadores como Alabama y Arizona, en los últimos cinco años se esforzaron por impugnar la ADV bajo el pretexto de que algunos de sus preceptos interfieren con su soberanía.
«Ese estado debería estar obligado a pasar por un proceso de autorización previa cada vez que cambia sus leyes y prácticas electorales», afirmó Holder.
Texas estudia exigir documentos de identidad ante las urnas y trabaja en la puesta en marcha de nuevos mapas electorales.
De acuerdo con el Fiscal General, esa medida es la primera acción de su despacho para proteger el derecho al voto tras la decisión del máximo órgano legal de Estados Unidos y advirtió que tomarán más disposiciones en el futuro.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia justificaron su veredicto con el argumento de que la ADV no refleja los supuestos progresos logrados en la igualdad racial.
Dicha normativa fue sancionada, entre otras razones, para contrarrestar las prácticas discriminatorias contra la comunidad afroamericana muy extendidas en el país norteño.
El magistrado jefe de la Corte, John Roberts, aclaró que la decisión no significa una invalidación completa del acta, sino que el Congreso federal deberá buscar nuevas fórmulas para juzgar los sistemas electorales departamentales.
Grupos defensores de los derechos humanos recordaron que, pese a la vigencia de la ADV, estados como Carolina del Sur y Georgia han implementado sutiles procedimientos discriminatorios basados en el requerimiento de identificación para electores.