Buenos Aires, 27 jul (PL) La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló todos los bienes de dos represores de la última dictadura militar en Argentina que cumplían pena carcelaria por delitos de lesa humanidad y lograron escapar, lo cual ha desatado una intensa búsqueda.
La UIF dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el fin de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar su inmediata detención, reportó hoy el servicio informativo MinutoUno.
Los represores fugitivos se nombran Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, quienes fueron juzgados en la provincia de San Juan por el secuestro y desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976.
Olivera y Marchi fueron trasladados desde la penitenciaria de San Juan al Hospital Militar Central de donde escaparon el jueves.
Ante la fuga, el ministro federal de Justicia, Julio Alak, instruyó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a no trasladar detenidos procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad a ese nosocomio.
Alak dispuso que ese tipo de reo, en caso de que requiera tratamiento médico autorizado, debe ser derivado al Hospital Penitenciario Central, tanto con las condiciones de seguridad pertinentes, como con el equipamiento necesario para tratamientos médicos.
El ministro de Defensa Agustín Rossi, la víspera, ordenó el pase a retiro y el relevo de funciones de siete oficiales del Ejército que estaban al frente de ese centro hospitalario.
Entre los relevados están el director general de Salud, general de brigada Marcelo Carlos Gutierrez y el jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Salud, coronel médico Carlos Alberto Ramos. Otros dos coroneles, un general y dos suboficiales fueron también separados de servicio.
El gobierno elevó a dos millones de pesos la recompensa a quien ayude en la captura de los dos represores prófugos.
Quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Hospital Militar Central, y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos.
Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del nosocomio del Ejército, señala hoy el diario Página 12.