La Habana, 28 jul (PL) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) afirmaron hoy que al gobierno de ese país no le interesa defender al campesino pobre sino los derechos del capital, poco antes de iniciar en Cuba otro ciclo del diálogo de paz.
En un comunicado leído por el miembro de la delegación guerrillera Andrés París, la insurgencia señala que esa realidad se deduce del tratamiento infame a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, en esa nación suramericana.
Añade que el Ejecutivo «hasta se ha inventado un nuevo proyecto de ley» para que «los forajidos enmascarados que ostentan un gran músculo financiero y han actuado con probado ingenio delictuoso» en sus labores de acaparamiento de tierras no vayan a perder su inversión.
El equipo de las FARC-EP considera que «la inaplazable reforma agraria ligada al anhelo de paz no puede quedar reducida a una burla de poderosos grupos económicos, banqueros y propietarios de emporios azucareros».
De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento, insiste.
Al recordar fragmentos del acuerdo parcial sobre tierras alcanzado a finales de mayo entre ambas partes, las FARC-EP sostienen que «es hora de empezar a cumplir y dejar de reprimir».
Campesinos de la norteña región del Catatumbo realizan protestas, que han sido reprimidas por la fuerza pública colombiana, para exigir mejores condiciones de vida en una zona abandonada por el Estado durante más de siete décadas.
Por su parte, Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno a las pláticas, reiteró que lo acordado en el ámbito agrario supera la visión de una reforma agraria y busca crear transformaciones reales para cerrar la brecha entre el país rural y el urbano.
De eso se trata exactamente: de transformar la realidad de nuestro campo una vez pactemos el fin de la guerra, enfatizó.
Con respecto al ciclo que comienza, centrado en el segundo punto de la agenda, expresó que está destinado a impulsar acuerdos sobre la participación de la guerrilla desarmada en la política.
Refirió que la insurgencia «deberá responder por todo lo ocurrido en medio del conflicto» y que, de pactarse un acuerdo final, «podrán hacer política, sin armas, en democracia, una vez se hayan desmovilizado».
De la Calle dijo nuevamente que las conversaciones se dan en medio del conflicto y no hay cese del fuego, y que cuando finalice la discusión de los temas de la agenda y se tenga un acuerdo general éste será sometido a la refrendación de los colombianos.
Esperamos que a las FARC-EP, agregó, le asista la misma voluntad del Gobierno: avanzar de forma expedita en la construcción de acuerdos para ponerle fin al conflicto.
La agenda de las pláticas -iniciadas en La Habana en noviembre pasado y que tienen a Cuba y Noruega como garantes- incluye otros aspectos como la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y el fin del conflicto armado.