La Diputación Permanente de la ALDF exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a que realice una auditoría a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), particularmente al proceso de elaboración de los libros que serán entregados con 117 errores ortográficos a los alumnos de educación básica para el periodo 2013-2014.
En el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado por unanimidad, los diputados locales del PRD Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordoñez, urgieron a fincar las responsabilidades que correspondan a los servidores públicos que no cumplieron su obligación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de sus funciones, en perjuicio de los alumnos de educación básica y del uso eficiente de los recursos públicos.
Los diputados perredistas consideraron que no basta con que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, haya dicho que las autoridades actuales no son responsables y que esto no volverá a ocurrir, que la solución será que los profesores otorguen puntos extras a los alumnos que detecten los errores ortográficos.
“Se debe sancionar a los servidores públicos o funcionarios que fueron responsables de estas fallas y de la falta de supervisión, por ningún motivo podemos permitir que se juegue con la educación de los niños en este país”.
Recordaron que en la última evaluación 2009 de la prueba PISA, los niños mexicanos obtuvieron el lugar 48 de 65 países evaluados en matemáticas, ciencias y lectura, siendo la ortografía un componente importante de la comunicación eficaz de los mensajes, ya que elimina ambigüedades semánticas, léxicas y sintácticas.
Al respecto, señalaron que la Dirección de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a partir de las evaluaciones aplicadas en 2005 y 2006, estableció que aparece una fuerte correlación entre el aprendizaje de la ortografía y los resultados en lectura y reflexión sobre la lengua, “por esto, los errores ortográficos contenidos en los libros de texto no abonan a la calidad educativa”.
Afirmaron que en este caso, las autoridades educativas incumplen el Artículo Tercero de la Constitución, el cual establece que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos ofrezcan el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Por otro lado, remarcaron que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su Artículo 47 que el incumplimiento en el desempeño del empleo, cargo o comisión, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.
Así como cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, “norma que deberá aplicarse a quienes resulten responsables de los 117 errores ortográficos en los libros de texto”.