Bogotá, 2 ago (PL) Al cumplirse hoy 53 días del paro en el Catatumbo colombiano, los campesinos desbloquearán las carreteras de esa norteña región en un gesto de voluntad, con el optimismo de reanudar el próximo lunes las negociaciones con el Gobierno.
Como lo habían anunciado el miércoles último en una rueda de prensa en Bogotá, los agricultores pondrán fin a los bloqueos en horas de la mañana durante la firma de un preacuerdo con la comisión encargada de restablecer los diálogos, encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón en el municipio de Tibú.
A esa zona se desplazarán junto a Garzón los restantes miembros de la comitiva, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos de la ONU, Todd Howland; el expresidente Ernesto Samper; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; el congresista Iván Cepeda y el obispo de Tibú, Alberto Sánchez.
La propuesta, bautizada Acuerdo Social por el Catatumbo, busca garantizar que se trabaje sin temas vedados en los puntos que exigen los labriegos, entre ellos la declaración de una Zona de Reserva y un plan piloto para la sustitución de los cultivos ilícitos.
Los campesinos, que salieron a la calle a protestar desde el 11 de junio, mantienen su esperanza de que el Gobierno esta vez tenga voluntad política para lograr encontrar acuerdos que lleven a una salida a la crisis humanitaria que vive esa región, abandonada por el Estado durante décadas.
Los municipios de Tibú, epicentro de las manifestaciones, Ocaña, y otras ciudades de ese departamento del Norte de Santander regresarán a la normalidad después de casi dos meses de tensiones en medio de las arremetidas de la fuerza pública contra los agricultores.
Sin embargo los voceros de la movilización han sido enfáticos en advertir que si antes del 19 de agosto, fecha pactada para un paro nacional agrario, el Gobierno no ha dado soluciones a sus problemas, volverán a las carreteras.
La víspera el vicepresidente Garzón anunció que se programó un foro nacional para debatir el tema de las Zonas de Reserva Campesina, cuya declaración en el Catatumbo se ha convertido en un inamovible del Gobierno.
Los agricultores reclaman esta iniciativa «como alternativa legal y legítima de protección y proyección de la vida campesina, porque el país lo necesita para su soberanía alimentaria y para la conservación de nuestros recursos estratégicos», sostienen.