México (PL) México pierde cada año un siete por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), por daños medioambientales; el elevado azote a esta nación por ciclones e intensas lluvias, sequías e incendios forestales está asociado a los efectos del cambio climático.
El diagnóstico de la Estrategia Nacional de Cambio Climático reveló que un total de mil 385 municipios, más de la mitad de los existentes en el país, están catalogados de alto riesgo por desastres que amenazan a 27 millones de habitantes, o sea, un cuarto de la población del país.
Los estragos ocasionados por la sequía constituyen un
factor de riesgo para la seguridad alimentaria, pues más del
50 por ciento de la producción agrícola y ganadera de toda la
nación se genera en los estados del norte y en la zona del
bajío.
Empero, al otro extremo del fenómeno son también muy
elevados los daños por las intensas lluvias asociadas a
huracanes y tormentas, sobre todo en el sur de la nación, con
las consecuentes inundaciones y las pérdidas millonarias
en recursos.
Algunos estudios indican por otra parte que en las últimas dos décadas México perdió un 40 por ciento de su reserva forestal, mientras la desertificación avanza en 20 estados del país, provocando un fuerte deterioro en la producción agrícola y ganadera.
En ese sentido, el secretario mexicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, refirió recientemente las oportunidades y desafíos de avanzar hacia una economía verde, y aclaró que ya hoy ningún empresario puede aspirar a ser competitivo sin tecnologías actualizadas y protectoras del
medio ambiente.
Explicó las enormes posibilidades de negocios que proporcionan el manejo de residuos sólidos municipales, las
energías renovables y el aprovechamiento racional de los
bosques.
Comparó, en términos de potencialidades, que los países de Europa basan entre un 2,5 y un 10 por ciento de su PIB en la economía verde, mientras en México apenas llega a 0,6 puntos porcentuales.
Y aunque México tiene suscrito más de 140 acuerdos
internacionales sobre el tema desde la firma del Convenio de
Kyoto en 1993 hasta la fecha, es solo ahora cuando un plan
de la economía asocia el desarrollo con la protección del
medio ambiente.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático adopta acciones hasta los próximos 40 años sobre ocho ejes temáticos, las cuales permitirán llegar al año 2020 con reducciones de hasta un 30 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y en 2024 generar como mínimo un 35 por ciento de la electricidad mediante fuentes limpias.
Prevé asimismo reducir la vulnerabilidad de ciudadanos
que viven en situación de riesgo, así como disminuir la fragilidad de sistemas productivos y de infraestructuras ante contingencias climáticas.
También concibe acelerar la transición energética hacia
fuentes de energía limpia y reducir la intensidad de consumo energético, mediante esquemas de eficiencia y racionalidad, entre otros.
Esta estrategia está avalada por académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales con vocación ecológica; además, se incluyeron las propuestas de más 13 mil ciudadanos participantes en una consulta al respecto.