Con el fin de reforzar los derechos políticos de los ciudadanos, el senador Alejandro Encinas Rodríguez propuso incorporar a la Constitución Política la facultad de los electores para revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente.
Al fundamentar una iniciativa que modifica el Artículo 35 de la Carta Magna, el legislador perredista explicó que la intención de incorporar la revocación de mandato obedece a la necesidad de fortalecer el control popular sobre el gobierno y con ello dar legitimidad a los actos y decisiones de las autoridades electas.
Ademá, agregó, se pretende generar nuevos espacios de responsabilidad de los mandatarios por el ejercicio de la función pública hacia los electores, sus prioridades, sus necesidades y sus derechos.
“Es una figura de democracia directa que se define como una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio de poder”, aseguró el representante por el Estado de México.
Mediante el procedimiento de revocación del mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato, señala el documento presentado a la Comisión Permanente.
Alejandro Encina Rodríguez indicó que el debate público de la Reforma Política debe orientarse hacia la figura de revocación de mandato, pues sería el “castigo” ciudadano correlativo al “premio” que significa la reelección.
“Puede y debe ser utilizado como un mecanismo de rendición de cuentas que permita sancionar el mal uso del poder conferido por el pueblo”, abundó.
“Precisamente por esta orientación se pretende regular las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana o la consulta popular que sin referir a la revocación de mandato quedaría trunca cualquier pretensión de reforma de política que permita una verdadera democracia participativa”, aseguró Encinas Rodríguez.
El senador mexiquense informó que en el mundo ya existen diversos países que contemplan esta figura en su Constitución como Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, “países en los cuales la figura del referéndum revocatorio o consulta popular de revocatoria se encuentra inserta en el capítulo de los derechos políticos de sus respectivos textos constitucionales”, mencionó.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen.