Managua, 8 ago (PL) Estados Unidos, una de las mayores potencias económicas en el mundo, sigue sin pagar 17 mil millones de dólares por daños materiales y humanos al segundo país más empobrecido del hemisferio occidental: Nicaragua.
La más reciente Encuesta de Hogares presentada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico y Global (Fideg), reveló que la pobreza en general afecta todavía al 42,7 por ciento de los habitantes en esta nación centroamericana, mientras el 7,6 por ciento vive en la extrema miseria.
De acuerdo con el director de Investigaciones de Fideg, Enrique Alaniz, 2012 fue el cuarto año consecutivo en el que la pobreza descendió aquí de manera sostenida, lo que Naciones Unidas reconoce como un éxito de los programas socio-productivos aplicados por la administración del presidente Daniel Ortega.
Ningún dinero podría resarcir el sufrimiento de las familias a causa de las agresiones con financiamiento y apoyo organizativo de Washington en los años 80 del siglo XX, pero el pago de la suma adeuda por concepto de indemnización ayudaría a combatir la pobreza.
Las víctimas fatales durante la llamada guerra sucia superaron las 38 mil personas, mientras la destrucción de puentes, torres de transmisión eléctrica, puertos, represas, centros de salud, educación y producción agrícola evidenciaron el perjuicio económico, como fundamentó el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
A luz del Derecho, la sentencia dictada por la CIJ el 27 de junio de 1986 no admite ningún tipo de apelación, pero la Casa Blanca continúa hoy sin cumplir sus obligaciones.
Estamos ante el único caso en la historia en que el máximo tribunal del mundo condenó -y de paso certificó- que Estados Unidos cometió serias violaciones en contra de Nicaragua y que está obligado a resarcirlas, recordó en declaraciones a la prensa el doctor Carlos Argüello, embajador de este país ante la CIJ.
La prerrogativa jurídica a reclamar la indemnización debida prosigue vigente, aclaró el diplomático, en alusión a lo sucedido en 1991 cuando la administración de la mandataria Violeta Barrios de Chamorro decidió retirar la exigencia por medio de la figura del desistimiento.
En reciente entrevista con la publicación Russia Today, el presidente Ortega confirmó que la demanda sigue viva y nosotros no renunciamos a ella, «por eso cada vez que Estados Unidos habla de que ha ayudado a Nicaragua, yo lo que les digo es que ellos están abonando parte de la deuda que tienen», expresó.
Eso que ellos llaman ayuda, agregó, «no es más que un abono, están dando un poquito, reconociendo un poquito, no es que estén apoyando, ni que estén regalando, ni que estén donando nada, simplemente están pagando una pequeña parte de la inmensa deuda».
Según aseveró, perfectamente podría reabrirse el caso, sería una batalla moral, política y legítima jurídicamente, que llevaría a «desenmascarar a los Estados Unidos como lo que son, una potencia que decide hacer uso de las leyes cuando les conviene a sus intereses, pero no es respetuoso de la leyes internacionales».
En cambio, Nicaragua está honrando sus deudas por confiscaciones a ciudadanos norteamericanos; el 2 de agosto último este país recibió dispensa de propiedad (waiver) por parte de Estados Unidos debido a la seriedad en el cumplimiento de los compromisos, evaluó aquí el procurador general de la República, Hernán Estrada.
Establecido por aquella potencia norteña, el waiver es una disposición que permite la ayuda bilateral y el apoyo de Washington en el otorgamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales, a partir de condicionar tales beneficios a la indemnización señalada.
Tras finalizar una reunión en la Cancillería, Estrada y la embajadora estadounidense, Phyllis M. Powers, destacaron el trabajo de la administración de Ortega para resolver litigios de esa naturaleza.
Al decir de Powers, hay progresos y por la parte nicaragüense «están trabajando con nosotros de una manera muy seria para resolver todos los casos».
En 25 años quedaron solucionados más de dos mil y «estamos con los últimos», que son muy difíciles y complejos, «pero estamos trabajando juntos para resolverlos», apreció la diplomática.
Hay una deuda ética, jurídica y económica por saldar: el pueblo nicaragüense también merece respuesta satisfactoria.