México, 14 ago (PL) La propuesta de reforma energética presentada este lunes por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, genera aquí una amplia polémica en un grupo de legisladores, políticos y conocedores del tema.
La iniciativa presidencial reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución y abre a la economía privada a través de contratos de utilidad compartida la exploración y extracción de petróleo y gas, así como refinación, transporte y almacenamiento.
Los argumentos para ello son que la paraestatal carece de suficientes recursos, experiencia y tecnología para emprender la exploración y explotación de las reservas que existen en aguas profundas.
En el sector eléctrico se permitiría la participación de particulares para generar y vender utilizando la red pública nacional y con lo cual se cree bajarán los precios de ese servicio.
Entre los objetivos de las modificaciones en materia energética del Ejecutivo mexicano están, según anunció, hacer crecer la economía, más empleos, mejores salarios, reducir precios en servicio eléctrico y de gas, de fertilizantes y de alimentos.
Además, el proyecto ratifica el principio de que Petróleos Mexicanos (Pemex) ni se vende, ni se privatiza, seguirá siendo ciento por ciento propiedad de todos los mexicanos.
Empero, ¿si no se pretende privatizar Pemex por qué cambiar la Constitución?, es la pregunta que va y viene aquí.
Para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas- quien expropió el petróleo mexicano en 1938-, la propuesta oficial está claramente orientada en contra de los intereses de México, según declaró al diario La Jornada.
Argumentó que con ella se le quita al Estado la exclusividad para manejar áreas estratégicas de la industria petrolera y además no logrará sus pretendidos objetivos de desarrollo por esa vía.
El propio lunes, tanto el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, como el de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, rechazaron la iniciativa del jefe de Estado y la calificaron de privatizadora al proponer cambios a artículos de la Constitución.
Solo una eventual privatización de Pemex implicaría la necesidad de modificar la Constitución, aseguró el diputado federal por el PRD y secretario de la Comisión de Energía, Luis Espinosa.
Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez, reiteró que su partido no aceptará cambios constitucionales y señaló como innecesario contar con capital privado para desatar la productividad de la paraestatal.
Lo que Pemex necesita es devolverle la tecnología y el dinero para que se siga desarrollando, señaló también el senador Manuel Bartlett, quien reafirmó la oposición del Partido del Trabajo (PT) a la iniciativa de reforma presidencial.
Advirtió que la entrada de inversión extranjera a la industria de los hidrocarburos es una derrota para México y es una aceptación de la hegemonía norteamericana en el país.
Asimismo, el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, calificó ese proyecto de regresivo y conservador, bajo un discurso engañoso de no privatizar, y recordó una reciente encuesta en la cual el 70 por ciento de los ciudadanos están en contra de cambiar la ley suprema de la Unión.
La iniciativa del PAN sobre el tema propone apertura a la inversión foránea en toda la cadena productiva, incluso a la transportación; por su parte la del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentada por el presidente, si bien no llega al extremo neoliberal panista, modifica leyes a la Constitución.
Por añadidura, el PAN critica al PRI de haberse quedado corto en su propuesta.
Mientras, el PRD impulsa cambios a 12 leyes y la creación de una nueva legislación sobre excedentes petroleros, pero en ningún caso promueve enmiendas a la Carta Magna.
Considera que liberando a Pemex de la carga fiscal que hoy la presiona, tendría suficiente para su modernización y desarrollo si realmente es eso lo que se quiere.
La polémica y discusiones giran hoy en torno a los conocedores del tema, y no pocos se preguntan, pensando en las grandes mayorías: ¿cuántos conocen qué significa un contrato de utilidades compartidas; qué quiere decir que el estado se queda con la renta y divide las utilidades; por cuánto tiempo y en qué porcentaje serán los contratos?.
Algunos son optimistas y auguran que en diciembre se dispondrá de una ley al respecto, cuya discusión podría comenzar el 1 de septiembre; en tanto los perredistas apuestan a una encuesta ciudadana dividida en dos partes, una el 25 de agosto y la otra el 8 de septiembre.
En igual medida hay diversas convocatorias de partidos, organizaciones y grupos sociales a tomar las calles para impedir la privatización de los recursos energéticos mexicanos.