Madrid, 16 ago (PL) La defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, decidirá hoy si recurre ante el Tribunal Constitucional (TC) la polémica legislación hipotecaria sobre el drama de los desahucios sancionada por el Gobierno.
Becerril convocó una reunión de la directiva de su dependencia para analizar un pedido de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La PAH elaboró un recurso de inconstitucionalidad de la llamada ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, pero como carece de legitimidad para presentarlo ante el TC, solicitó a 50 diputados, 50 senadores o al Defensor del Pueblo que lo avalen y lo trasladen al alto tribunal.
Las Cortes Generales (Parlamento bicameral) aprobaron el pasado 8 de mayo una reforma de la impugnada legislación hipotecaria presentada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para intentar atenuar el drama de los desalojos de inmuebles.
Entre duras críticas de la oposición y con los únicos votos del oficialista Partido Popular (PP), el Congreso de los Diputados y el Senado dieron entonces luz verde a la ley para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social.
La norma excluyó finalmente la dación en pago, una de las principales demandas planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los partidos políticos.
El PP unificó su propia propuesta, que según la oposición sigue los dictados de la banca, y una iniciativa legislativa popular (ILP) que solicitaba una moratoria de los desahucios y la creación de un alquiler social para las casas vacías en poder de las entidades financieras.
Arropada por casi un millón y medio de firmas, esa ILP de la PAH exigía también el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias, que sólo será analizada en situaciones extremas.
La actual normativa no contempla de forma general que la entrega de la casa -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, con lo cual los perjudicados están obligados a continuar abonando su crédito de por vida.
Símbolo de la crisis en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y el aumento del desempleo, los desalojos suscitaron la indignación popular.
La oleada de protesta hizo mella en el continente, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en marzo que las medidas que regulaban en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación comunitaria.