Al inicio del sexenio el Presidente Peña Nieto ofreció a los mexicanos avanzar en reformas que colocaran el marco jurídico existente en materia de acceso a la información, transparencia y anticorrupción a la vanguardia para poner a la vista de todos, el uso y destino de los recursos públicos.
En meses anteriores hubo un gran consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el H. Senado de la República, para aprobar las diversas iniciativas presentadas por las tres principales fuerzas políticas -PRI, PAN y PRD-, que permitió la aprobación de una Minuta, contemplando las diferentes inquietudes y observaciones no sólo de los senadores sino también de las principales organizaciones de la sociedad civil, los organismos garantes de las entidades federativas, así como de reconocidos académicos, producto de un intenso diálogo.
Desafortunadamente cuando esta Minuta llegó a la Cámara de Diputados, no se logró ese nivel de diálogo y consenso, lo que retrasó la aprobación de esta importante reforma que, en el contexto del Pacto por México, ha sido un tema reclamado y exigido por las principales fuerzas opositoras y, lo más importante, demandada por las organizaciones y agrupaciones en favor de la transparencia, en donde el principal tema ha sido impedir retrocesos en el consenso logrado en el Senado.
El día de ayer fue aprobado en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción, y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, un dictamen que a todas luces resulta un retroceso no sólo respecto a la minuta sino al texto constitucional vigente, al incluir excepciones al derecho de información pública que hoy no existen.
Con esto, las y los diputados del PRI, ponen en entredicho la palabra del Presidente Peña Nieto ya que los cambios realizados contravienen incluso a la propia iniciativa que presentó ante la Cámara de Senadores.
Los principales hechos que representan ese retroceso a la Minuta aprobada por el Senado de la República son los siguientes:
Los partidos políticos no serán sujetos obligados directos, sino a través del IFE, instaurando un régimen de excepción. De aprobarse este tema en los términos del dictamen de Diputados, crearía problemas constitucionales por la falta de armonía entre las leyes estatales – en donde ya son sujetos obligados directos- y la federal. Además, los alcances del IFE en materia de transparencia son limitados a la fiscalización de los partidos y generarían mayor burocracia para conocer otro tipo de información de entes públicos que manejan cuantiosos recursos públicos.
La inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. El dictamen de las comisiones establece diversas causales de excepción a la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, cuando se trate de seguridad (en sentido amplio), estabilidad económica y derechos humanos y además se legitima para interponer recursos de revisión a la PGR, Consejería Jurídica, Gobernador del Banco de México y a la CNDH. Con esta modificación a la Minuta del Senado, se genera un margen de discrecionalidad muy amplio que permitirá a la autoridad validar la negativa de información que solicite un ciudadano.
En el caso de la excepción por seguridad, no se define una modalidad, dejándola en una concepción amplia y ambigua, que puede llegar a la seguridad social, pública, nacional o cualquier otra, que permite un sinfín de argumentaciones para negar información por parte de los sujetos obligados.
Igualmente el concepto de estabilidad económica es relativo y puede generar una discrecionalidad perniciosa al principio de máxima publicidad.
En cuanto a los derechos humanos, debe señalarse que el IFAI es órgano garante de dos derechos fundamentales como es el de acceso a la información y a la protección de datos personales y ha hecho un esfuerzo histórico en conciliar ambos derechos, dándole su debido peso a cada uno, sin que el PRI haya fundamentado su inclusión para motivar la negativa de proporcionar información. Además en los 10 años de historia del derecho de acceso a la información como lo conocemos, no ha existido ningún caso donde se haya puesto en riesgo alguno de esos derechos y conceptos.
Establece el requisito de que al menos 4 de los 7 comisionados sean licenciados en derecho. Es innecesario ya que ha sido una de las fortalezas del IFAI contar con integrantes multidisciplinarios, que enriquecen la visión jurídica con otras posturas y puntos de vista para el avance del derecho de acceso y de protección de los datos personales. Además el IFAI cuenta con un cuerpo profesional de asesores jurídicos.
Faculta a la Comisión Permanente para elegir a los comisionados. Por la propia dinámica de la Comisión Permanente, no es un espacio que permita la justa valoración de los candidatos a comisionados, ni la debida consulta a la ciudadanía que establece la propia reforma. Además este órgano no refleja adecuadamente la composición plural de las Cámaras.
Elimina la facultad del IFAI para interponer Acciones de Inconstitucionalidad . A pesar del rechazo de PAN y PRD, el PRI eliminó la facultad del Instituto para interponer acciones de inconstitucionalidad, dejando al órgano garante federal sin la posibilidad de defender a los mexicanos por posibles normas de carácter general o resoluciones inconstitucionales en perjuicio de la máxima publicidad.
Se deja en indefinición las instancias y la forma en que se regulará la protección de los datos personales en posesión de entes públicos.
Se elimina el Consejo Consultivo (figura de participación ciudadana) que había sido un avance en la Minuta del Senado, similar al Consejo con que cuenta la CNDH y que es de carácter honorario.
Se insiste en que los comisionados sean removidos, con la posibilidad de participar en el proceso de selección, esto supone una maniobra política para remover a los actuales que no sean cómodos al régimen político actual y nombrar a otros nuevos más cercanos y leales a ellos.
Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, así como la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, nos mantendremos firmes en la defensa de la Minuta aprobada por unanimidad en el Senado, la cual representa un verdadero avance en el fortalecimiento del derecho al acceso de la información pública de los mexicanos.
Reiteramos que no podemos avanzar en la discusión de las reformas Energética y Hacendaria, sin que el gobierno y su partido demuestren un auténtico compromiso por avanzar en la construcción de un sistema nacional de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, que fortalezca el régimen democrático y garantice que los recursos adicionales que se esperan obtener, vía reformas económicas, sean efectivamente usados para generar bienes públicos y no para enriquecer, de manera ilícita, a funcionarios, mantener burocracias en los estados o incluso financiar campañas políticas.
Finalmente, hacemos un llamado al PRI y a sus bancadas para honrar la palabra, cuyo cumplimiento es la base de la política y, enfáticamente a los diputados del PRI a ser congruentes y respaldar la Minuta que sus contrapartes en el Senado construyeron y votaron junto con las demás fuerzas políticas.