Bogotá, 21 ago (PL) Miles de colombianos siguen llegando hoy a diversos puntos de concentración en todo el país en un paro agrario y popular indefinido para exigir el cese «de las políticas económicas neoliberales del Gobierno y los Tratados de Libre Comercio».
En medio de las represiones de la fuerza pública, diferentes productores agrícolas se unieron en una sola voz de manera pacífica en rechazo a «las políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales».
La manifestación ha recibido el respaldo también de los mineros, camioneros, estudiantes, obreros, médicos, maestros y organizaciones sociales que la víspera protagonizaron una jornada de marchas en unos 20 departamentos del país.
En dos días de paro se han registrado ya más de 50 detenidos, entre ellos seis periodistas de medios alternativos, según reportes de medios de prensa.
En un comunicado, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), precisó que en las primeras 20 horas de movilización se registraron 54 concentraciones en 17 de los 32 departamentos, y un número aproximado de 25 mil manifestantes aunque, afirmó que esto es solo el comienzo y en los próximos días el paro irá en aumento.
La primera jornada, señaló MIA, «se caracterizó por la criminalización, el uso desmedido de la fuerza y de armas de fuego para reprimir a los manifestantes, la detención y hurto de equipos y material de periodistas alternativos, y la detención de defensores de derechos humanos».
Cientos de personas se encuentran ubicadas en varias carreteras de los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, entre otros, a la espera de que el Gobierno se siente a conversar en una gran mesa de concertación en la que estén presentes todos los gremios afectados.
En medio de este panorama, los líderes de las manifestaciones han denunciado la falta de garantías para ejercer la protesta, y los continuos señalamientos, estigmatizaciones y empadronamientos como sucedió con los campesinos del Catatumbo, que continúan dialogando con el Estado, y los mineros artesanales en huelga desde hace más de un mes.
A eso se añaden las amenazas de grupos paramilitares a varias comunidades como en Antioquia por sumarse a la movilización, y el intento de la policía en el Meta y Huila de la posibilidad de dar recompensa de hasta 10 millones de pesos (unos cinco mil dólares) para identificar a los dirigentes de la protesta, según denunciaron los voceros.
En declaraciones a la prensa la víspera el ministro del Interior, Fernando Carrillo, subrayó que «el bloqueo no solo imposibilita la movilidad de los colombianos, sino el diálogo con las autoridades. En la medida en que la protesta siga siendo pacífica, habrá diálogo y soluciones de tipo social», dijo.
Reiteró que el Gobierno no aceptará una mesa de negociación nacional, ya que actualmente tiene espacios de diálogo sectorial y regional con los sectores que convocan el paro.