Hanoi (PL) Pasada la temporada de los monzones asiáticos para dar paso a la estación seca, vuelve de nuevo la amenaza de incendios en bosques de Indonesia, los cuales de manera recurrente afectan también con el humo y cenizas que desprenden, a los vecinos Malasia y Singapur, en lo convertido en cíclica crisis regional.
Calor y resequedad son dos incómodos compañeros destructivos en la naturaleza forestal de los ambientes mediterráneos, en los que gran parte de la vegetación se adapta con estrategias rebrotadoras o de germinación tras el siniestro. En fin de cuenta se trata de un fenómeno con el que hay que convivir.
Bien distinto resulta, en cambio, cuando los hombres los provocan y este es principalmente el caso de los fuegos frecuentes en cinco de las islas del archipiélago indonesio, sobre todo en Sumatra, la sexta en extensión del mundo, separada de Malasia y Singapur por una tenue franja marítima.
En 1982-83, 1997-98 y 2002, los peores períodos reconocidos, millones de hectáreas de bosque de montaña y de llanura, de turbera y de pantano ardieron, mientras los animales y la población en masa huían. En algunas ocasiones la niebla que cubrió un área tan grande como Europa interrumpió la aviación y la navegación por meses y causó serios problemas de salud.
Aunque con menor intensidad, en junio pasado los incendios provocaron un índice de contaminación de 371, considerado de nivel peligroso por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la ciudad-estado de Singapur que ocultó a sus rascacielos, entre otros muchos efectos.
«Se trata de la peor contaminación vivida», dijo el ministro de medio ambiente, Vivian Balarkishman, para una población de cinco millones de habitantes, quien además pidió a Indonesia que actúe «de manera decisiva y urgente para tratar el problema en su origen».
En Malasia la situación tomó parecidos ribetes, con índices de insalubre aire contaminado de 114 puntos en el sur de la península y en Riau, la zona de Sumatra donde se originaron los incendios; unos 10 mil residentes sufrieron severas infecciones respiratorias.
Cenizas, humo y neblina desataron la peor crisis de polución entre los tres países en la que no faltaron reproches y exigencias a Indonesia, que adoptó sus propias medidas de emergencia, consistentes en despliegues de efectivos militares, equipos de bomberos en lugares de siniestros y la inyección de lluvias artificiales en nubes.
A raíz de lo acontecido, autoridades ambientales celebraron una cumbre de emergencia encaminada a encontrar soluciones permanentes al repetido contratiempo, que a juzgar por las alternativas planteadas pasa por un sistema de intercambio de información preventiva, mapas y rastreos satelitales de focos.
Indonesia se comprometió por su parte a salvar obstáculos parlamentarios y conseguir la pendiente ratificación del Acuerdo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) sobre Polución Transfronteriza, que le permitiría acceder a más recursos humanos y equipos y aprovecharse del monitoreo satelital para ejecutar respuestas rápidas.
Sin embargo, más allá de todas esas necesarias medidas de coordinación recurriendo a medios tecnológicos de punta, el nódulo del problema se sitúa en inescrupulosos intereses de compañías privadas que desde hace tiempo recurren a quemas de árboles en alarmantes dimensiones para fomentar inversiones.
Denunciadas incontables veces por organizaciones ambientalistas, al menos Yakarta reconoció pocas semanas atrás semejante trasfondo y anunció el eventual procesamiento de dos de esas empresas, al tiempo que retoma en el órgano legislativo una aletargada propuesta de modificación de la ley vigente al respecto con el fin de endurecer las sanciones a infractores.
De prosperar esto último, después de una década de adormecimiento, y según dijo Firman Subagyo, un miembro prominente de la comisión de agricultura y forestales, se aplicarán sentencias de 15 años de prisión y multas equivalentes a 10 millones de dólares a quienes usen fondos provenientes de las áreas protegidas, junto con la confiscación de propiedades.
Los legisladores aplazaron en abril la primera discusión de la iniciativa después que grupos ambientalistas la objetaron por la preocupación de que una vez hecha ley se esgrima para encausar a miembros de comunidades indígenas, quienes han vivido por generaciones en las zonas boscosas, en lugar de centrarse en los poderosos depredadores.
Codicia por delante, decenas de compañías se han dedicado por años a la tala y quema de árboles para extraer carbón vegetal de alto valor y sustituir lo arrasado por más beneficiosas plantaciones oleaginosas, madereras y caucheras, sin detenerse en las consecuencias ecológicas y humanas.
Un informe experto publicado tras el desastre de 1997-98 señaló que además del fuerte impacto de los incendios forestales en las pequeñas economías, son grandes generadores de gases tóxicos que contaminan el aire al esparcirse en la atmósfera y una fuente de gases de efecto de invernadero y reactivos.
La OMS advirtió sobre los resultados del humo sobre la salud, citando los riesgos de contraer cáncer a corto y largo plazo, así como de infecciones respiratorias agudas, una de las principales causas de mortalidad entre los menores pequeños, ante un episodio que por entonces se hizo sentir en Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
En Papúa Occidental, Indonesia, con la destrucción de los bosques 200 mil personas se vieron expuestas a la escasez de alimentos, y 423 de ellas murieron de inanición y cólera.
Durante meses se redujo drásticamente el flujo de turistas, un importante puntal de sus economías, procedente de Europa y otros países asiáticos, en busca justamente de las ofertas de la industria sin humo, al interrumpirse los vuelos comerciales.
Semejantes temores se ciernen ahora otra vez a medida que se aproxima la temporada más vulnerable para que se manifieste en toda su gravedad un problema atizado sin cesar por el afán desmedido de enriquecimiento a toda costa, causa de raíz a sofocar.