La Habana, 25 ago (PL) La reciente presentación de un proyecto para reformar la ley y permitir un referendo en Colombia no es un hecho tan límpido como pretende presentarlo el gobierno nacional, afirmó en un comunicado el líder guerrillero Timoleón Jiménez.
El jueves último, el mandatario colombiano propuso un proyecto de legislación estatutaria que permita que los posibles acuerdos de paz se puedan presentar en un día que coincida con las próximas elecciones en 2014. En un texto difundido hoy aquí, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) señala que Juan Manuel Santos busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el pacto de paz.
«Y como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la ley aprobada no se aplicaría y punto», señala.
El jefe guerrillero se cuestiona si tiene alguna presentación, o se ha visto en algún país del mundo, que un gobierno proponga una ley, presuponiendo algo que no se sabe si se va producir y afirmando que si no sucede, nada importa.
Por otra parte pregunta si puede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes- ejecutivo, legislativo y judicial- con carácter de urgencia, a fin de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé.
Las razones para hacerlo, apunta, tienen necesariamente que ir mucho más allá de la simple generosidad bonachona, y añade que «Santos debe tener serias motivaciones, por lo que vale la pena convidar al país a pensar con detenimiento y ´no tragar entero´, como parece indicarle la gran prensa».
Jiménez expone que el propio Humberto de La Calle, quien lidera la delegación gubernamental a los diálogos de paz, reconoce que el tema hace parte del punto 6 de la Agenda, el cual ni siquiera se ha comenzado a discutir.
Indica, además, que cuando el asunto del mecanismo de refrendación sea abordado en la Mesa, va a suceder que el argumento central del gobierno para imponer la vía del referendo, va a ser precisamente el del engranaje estatal puesto ya en marcha y la expectativa nacional al respecto.
«Cualquier otra fórmula, verbigracia una Constituyente, será desechada de inmediato con el solo argumento de que implicaría más trámites y demoras», remarcó.
Manifestó que el gobierno colombiano, sin embargo, no ha dicho aún una palabra pública sobre la ley que convocaría el referendo y ha hecho creer que ella dispondría una elección en la que la ciudadanía votará por el Sí o el No a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de La Habana.
«Lo que Santos pretende con ese Referendo es que el país vote Sí o No, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana», sentenció.
Para ello, opinó, el país debe votar la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos y el cual estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeña representación de las FARC.
«Es esa la segunda parte sobre la que el gobierno calla. Así y tal fue informado en reunión informal a un grupo de voceros de las FARC en La Habana, los cuales plantearon un tiempo prudencial para pensar sobre ello», indicó.
El gobierno, sin embargo, alerta Jimenez, decidió arrancar con su idea sin esperar respuesta. Así que las FARC estamos envueltos ahora en un carrusel que desborda de largo el Acuerdo General firmado en La Habana hace un año, sin contar con nuestra opinión, y al cual, según el gobierno, no podremos oponernos sin que aparezcamos como falsarios y enemigos de la paz.
«Nuestra intención es seguir adelante con el proceso de paz, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo General, haciendo caso omiso de las maniobras que el gobierno intente paralelamente. Colombia y el mundo deben saber quién está violando las reglas», precisa.