Diputados locales del PRD informaron que en lo que fue la segunda semana de las mesas de trabajo sobre políticas públicas que en materia de drogas se llevan a cabo en la ALDF, el Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas (CUPHID) propuso el cultivo sin fines de lucro de la mariguana a efecto de garantizar un acceso seguro, eliminar al intermediario y desincentivar los mercados ilegales, entre otros factores.
Al realizar un balance de los trabajos realizados, los diputados Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, señalaron que en su planteamiento, la CUPHID sostuvo que el control sanitario garantizaría el acceso a la mariguana medicinal, separaría el mercado de cannabis de otras drogas, reduciría riesgos de violencia social y de salud en las comunidades. Para formar parte de una asociación productora de mariguana, dicha Comisión propuso seguir una serie de lineamientos, así como un reglamento.
En el tema de Justicia Alternativa, Jesús Salazar Villegas, impulsor del programa piloto de los Tribunales de Drogas en Nuevo León en 2009, aseveró que hay varios países de América que ya cuentan con este tipo de instancias como son Estados Unidos, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Perú.
Aclaró que aunque en México aún no se cuenta con resultados formales sobre los Tribunales de Drogas, estos funcionan como programas en los que el participante recibe rehabilitación directa e inmediata, cuentan con mecanismos de sanciones e incentivos, con la finalidad de fomentar la adherencia y el cambio; coordinan los servicios de tratamiento, redes comunitarias y sistema de justicia; se emplea en los infractores cuyos delitos están relacionados con un consumo problemático de drogas.
Expuso que en Estados Unidos del 50 al 60% de las personas que son sometidas a los Tribunales de Drogas reinciden en la comisión de algún delito; 2 de 3 son encarcelados por nuevos ilícitos, y en 95% de los casos relacionados con drogas se continuó abusando de las mismas.
En la mesa sobre Justicia Terapéutica, el investigador José Antonio Caballero Juárez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), propuso buscar soluciones menos agresivas que tengan que ver con el consumo de drogas, las cuales deben de considerar sustancias licitas e ilícitas; tratamientos; catálogos amplios de servicios; interacción con el Tribunal; monitoreo y evaluación; sanciones y recompensas; así como suspensión provisional del proceso.
En la mesa de trabajo sobre Mecanismos de Seguimiento, Control y Evaluación, Alfredo González Portillo, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) habló de los objetivos y operación del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD), creado en 2011.
Dijo que esta es una instancia de acercamiento a la problemática del consumo de drogas en México; reúne información sobre las dos vertientes en las que el Gobierno federal trabaja; concentra información de todas las instituciones en los tres niveles de Gobierno y fortalece las políticas públicas contra los estupefacientes.
El objetivo del OMEXTAD es poner a México a la vanguardia internacional en el diagnostico de adicciones y brindar a los políticos y expertos un diagnóstico oportuno del patrón del consumo de drogas
Lisa Sánchez, gerente para América Latina de Transform/México Unido Contra la Delincuencia, señaló que las métricas de evaluación deben medir resultados, la reducción en el consumo problemático, en la violencia, en el contagio de enfermedades, en las muertes por sobredosis, en nuevos usuarios, y no actividades como decomisos, arrestos y fumigaciones realizadas.
Como metas de la regulación citó proteger, promover y mejorar la salud pública, reconociendo que la política de drogas es, principalmente, un asunto de salud pública; mejorar la seguridad reduciendo el crimen, la corrupción y la violencia; proteger a los grupos poblacionales más vulnerables; garantizar el ejercicio de los derechos humanos y maximizar la efectividad del gasto.
En el tema de salud pública, dijo que los objetivos deben ser minimizar la prevalencia del uso problemático, incluyendo la muerte por sobredosis; garantizar la existencia y el acceso a servicios de prevención, reducción de daños, tratamiento y reinserción social; eliminar los obstáculos que limitan o imposibilitan el acceso a los servicios, y mejorar métricas de evaluación.