México, 5 sep (PL) El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció hoy el inicio de una campaña nacional para reclamar el servicio eléctrico como un derecho constitucional y por lograr tarifas de pago justas.
Las propuestas y argumentos de esta campaña van contra la reforma energética impulsada por el Gobierno, y además de recoger firmas de apoyo promoverá una marcha nacional el 12 de septiembre.
La manifestación partirá del Museo de la Revolución hasta el Congreso de la nación, donde se harán entrega de las firmas y de la propuesta de cambios a la Carta Magna.
Junto al gremio eléctrico, promueven la manifestación la Asamblea Nacional de Usurarios de la Energía Eléctrica, la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas y unas 100 organizaciones más, que acordaron el mes pasado en Puebla realizar este movimiento de masas en varios estados de la nación.
Los reclamos que ese día se harán en las calles serán básicamente contra la reforma energética, los megaproyectos en presas, mares y ríos mexicanos, y los dirigidos a explotar el aire y la naturaleza, pero para beneficio de transnacionales, que copan ya el 30 por ciento del territorio nacional.
El integrante del SME, Juan Carlos Galindo, explicó en conferencia de prensa que la electricidad en México la utiliza la mayor parte de la población por necesidad y una pequeña parte ciudadana, ligada a las empresas transnacionales, para lucrar.
A juicio del SME y de movimientos sociales que acompañan su lucha, la electricidad no es una mercancía más como se pretende hacer ver a través de las reformas neoliberales que promueve la actual administración mexicana.
El secretario de relaciones internacionales del SME, Humberto Montes de Oca, precisó que la energía generada por las hidroeléctricas y geotérmicas satisface con creces la demanda de los 36 millones de usuarios domésticos, y que se produce por debajo del valor al que se le vende a la población.
Señaló Montes de Oca la necesidad de recuperar la soberanía energética a partir de renacionalizar la industria eléctrica y la petrolera, incluyendo la cancelación de todos los contratos firmados con privados y en particular con las empresas extranjeras.
Alertó sobre el peligro de que tanto la reforma energética como la fiscal en curso, corran igual suerte que la laboral primero y educacional después, en las cuales se actúo sin respetar el criterio de los trabajadores ni consultar a la población.