Santiago de Chile, 6 sep (PL) En medio de llamados a pronunciase sobre su postura durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Corte Suprema de Chile admitió hoy que hubo omisiones en sus responsabilidades para evitar las violaciones de los derechos humanos.
La palabra perdón, sin embargo, no aparece textualmente en la declaración, que se produce a pocos días de conmemorarse el aniversario 40 del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, contexto en el cual políticos y otros actores cercanos a Pinochet hicieron su «mea culpa» por las actuaciones en el régimen de facto.
El texto emitido por el pleno de la Corte señala que el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos en Chile, causó muertes, desapariciones forzosas, detenciones irregulares y torturas, hechos que casi nadie hoy niega.
«No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente (…) y a que la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo», precisa la declaración.
El máximo tribunal reconoce que las violaciones a los derechos humanos le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales, y precisa que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones en las que se incurrió.
La actuación de la Corte «constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales», comportamiento que no se debe repetir por miembros del Poder Judicial y las generaciones ciudadanas que vengan, señala el documento.
La declaración fue dada a conocer por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, luego de un pleno con 14 de sus ministros, y ante el reclamo de varias voces, entre ellas la de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, que pidió perdón por sus omisiones y reclamó que también lo hiciera el tribunal supremo.
«Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», señalo este miércoles la Asociacion.
La Corte respaldó de manera pública el cuartelazo del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular, y fue el órgano ante el cual juró Pinochet como Presidente de la República.
La dictadura dejó un saldo de más de tres mil personas muertas y alrededor de 40 mil ciudadanos fueron hechos prisioneros.