Madrid, 12 sep (PL) Profesores, alumnos y padres anunciaron hoy una huelga general del sector educativo español para el próximo 24 de octubre, en defensa de la enseñanza pública y contra los recortes del gobierno conservador de Mariano Rajoy.
La medida de fuerza fue convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que aglutina, entre otros, al Sindicato de Estudiantes (SE), a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y a varias centrales obreras.
Será la segunda vez que docentes, alumnado y familias coinciden en la convocatoria de un paro del sector, tras el protagonizado el 9 de mayo último, y el tercero que abarca todos los niveles -desde infantil hasta la universidad-, después del realizado el 22 de mayo de 2012.
Entonces, la comunidad educativa rechazó, como también lo hará ahora, los duros ajustes presupuestarios aplicados en la enseñanza por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) y su proyectada reforma del sector, calificada por el estudiantado de elitista y segregadora.
Esta huelga general coincidirá con una denominada semana de lucha anunciada por el Sindicato de Estudiantes para octubre venidero, que incluye una paralización de actividades en institutos y universidades del 22 al 24 de ese mes.
El secretario general del SE, Tohil Delgado, adelantó en junio que la protesta tendrá como epicentro el rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), proyectada por la administración de Rajoy.
A juicio del dirigente juvenil, la nueva reforma educativa, séptima en 37 años de democracia, pretende devolver la enseñanza a la época del franquismo, en alusión a la dictadura del general Francisco Franco ((1939-1975).
Tras calificar de clasistas y segregadoras las transformaciones del Gobierno del PP, Delgado expresó la oposición frontal del estudiantado a la supresión de 35 mil becas en la instrucción estatal universitaria.
Entre otras impopulares medidas, la Lomce incrementa las tasas de matrícula universitaria y reduce la capacidad de decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la enseñanza.
Estudiantes, profesores y padres impugnan los cambios promovidos por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al estimar que son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de la escuela pública.
Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas que exteriorizaron su repudio a la también conocida como Ley Wert (por el apellido del ministro).
Sindicatos y partidos políticos acusaron a la derecha gobernante de utilizar la crisis económica como coartada para el desmantelamiento del sistema educativo universal.
Su intención es expulsar del sistema educativo a miles de jóvenes de las familias más humildes, denunciaron.