La Comisión de Desarrollo Social que preside el diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI), aprobó su programa anual de actividades, en el que se incluye la creación de cinco grupos de trabajo para vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto de los programas sociales y que los recursos lleguen a los beneficiarios finales.
El documento señala que para tal efecto se divide al país en igual número de regiones: Norte, con los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Centro-Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Centro-Occidente: Querétaro Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Colima, y Michoacán.
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Morelos, conforman la región Centro-Golfo; en tanto, los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, integran la zona Sur-Sureste
Se refiere en el documento que durante el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión promoverá la transparencia y rendición de cuentas, así como la imparcialidad en el diseño y aplicación de los programas sociales y de la política de de desarrollo social.
Se impulsará la transparencia en la asignación de los recursos a los programas del sector social, para que se distribuyan eficientemente a quienes los necesitan.
La Comisión promoverá una mayor transparencia, rendición de cuentas así como la imparcialidad en el diseño y aplicación de los programas sociales y de la política de desarrollo social, mediante la comunicación permanente con las autoridades y la optimización de las reglas de operación de los programas gubernamentales del ramo.
Explica que esta Comisión buscará fortalecer la transparencia, mediante la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, ya que evita el mal uso de los recursos públicos, así como la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública.
Por ello, buscará garantizar el acceso a la información de los lineamientos y normas de operación; padrones de beneficiarios; evaluación y seguimiento de programa sociales; asignación y comprobación de recursos, y difusión de objetivos y alcances obtenidos.
Reconoce que será de vital importancia la comunicación permanente entre el Consejo Nacional de Evaluación, las distintas instituciones y asociaciones interesadas en el ámbito social, para dar seguimiento y opinión de las políticas públicas y la ejecución de los programas de desarrollo social.
También, revisar el diseño y aplicación de padrones de beneficiarios, así como la participación social en programas de implementación de la política social en su vertiente de control por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
En lo referente a la definición, ejercicio y control del presupuesto, se vigilará el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 al 23 de la Ley General de Desarrollo Social, mediante propuestas específicas en el proceso de elaboración del Presupuesto, para que se asignen recursos necesarios que mejoren el desempeño y efectividad de los programas sociales.
Realizar el seguimiento a los programas sociales con base en las partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por la Cámara de Diputados, y dar opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rinda el Ejecutivo Federal.
Además, se actualizará la legislación en materia de Desarrollo Social para orientar las acciones del gobierno y la sociedad hacia un esquema progresivo de superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social.
Se explica que el rezago legislativo de la Comisión comprende una proposición, tres iniciativas y una en comisiones unidas, todo lo cual se evaluará bajo los criterios que acuerde la Mesa Directiva.
En este sentido, se evaluarán las iniciativas que proponen modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, incorporando las propuestas y observaciones de diversos actores involucrados.
Se promoverá la inclusión de la perspectiva de género en la política de desarrollo social y se fomentarán reformas al marco jurídico para garantizar el respeto de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas, para lograr su desarrollo integral.
Se desarrollarán acciones, también, para mejorar el marco jurídico y las políticas públicas en la materia. Asimismo, se impulsará la transparencia en la política social; la rendición de cuentas y la vinculación con la sociedad mediante el fortalecimiento del diálogo.
También se buscará la instalación de una Conferencia Parlamentaria Internacional de Desarrollo Social, con la participación de legisladores de Centroamérica, como mecanismo de concertación que coadyuve a la definición de políticas públicas.