Detención arbitraria del diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira

Rodolfo Ondarza Rovira

El día 13 de septiembre de 2013, fecha en que conmemoramos el sacrificio de Juan Escutia, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Juan de la Barrera quienes ofrendaron su vida ante la ignominiosa invasión norteamericana,  fue el día señalado por Enrique Peña Nieto para desalojar violentamente a los maestros del zócalo, transgrediendo una vez más sus derechos humanos y laborales.

Ese día 13 de septiembre próximo pasado, junto con tres de mis colaboradores nos dirigimos al Zócalo de la Ciudad de México.

Nuestra intención era apoyar el movimiento magisterial; observar y documentar fotográficamente los acontecimientos durante el desalojo del campamento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo de la Ciudad de México, establecido en dicho sitio como protesta ante la Reforma Educativa.

Asimismo, llevábamos, como médico que soy, equipo de primeros auxilios para poder atender a cualquier persona que pudiera requerirlo.

Y finalmente, dirigirnos a nuestra oficina ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde donde existe una vista amplia del zócalo de la ciudad; en donde terminaríamos nuestro trabajo.

Todo ello ante la posibilidad de que existiera una tragedia de las dimensiones que históricamente han existido en México.

Sin embargo, encontramos bloqueo en diferentes calles y avenidas, lo que retraso nuestra llegada. Por otra parte debimos cruzar tres bloqueos instalados por la Policía Federal en diferentes calles que también retrasaron nuestro ingreso al zócalo capitalino.

Veíamos sobrevolar helicópteros sobre el zócalo mientras avanzábamos. Al llegar al mismo el desalojo había terminado, afortunadamente gracias a la congruencia de la CNTE, el avance policíaco había durado escasos 15 minutos; en nuestro camino encontramos unos cuantos y pequeños grupos de manifestantes. El espectáculo en el zócalo era apocalíptico, con fogatas humeantes y el campamento destruido. Al lado de la policía federal, personal de limpia retiraba rápidamente los restos, zapatos infantiles, medicamentos, ropa, alimentos, etc., mientras transitaban múltiples camiones tipo mudanza y patrullas de la policía federal.

Decidimos hacer un reconocimiento del área y documentar fotográficamente los hechos.

En este recorrido, en el piso del zócalo, encontramos un par de carteles, sucios y rotos; uno de ellos protestaba contra la Reforma Energética y la Privatización de PEMEX, el otro hacía un llamamiento contra la Reforma Educativa.

Decidí levantarlos en alto, con ambos brazos, y que se me tomaran imágenes fotográficas con la Catedral y el Palacio Nacional como fondo; manifestando de esta manera, la oposición del Partido del Trabajo, y la mía propia, a la Privatización de PEMEX y a la reforma laboral denominada Reforma Educativa, tal y como lo he hecho en contra de la privatización de las playas, gasolinazos, el saqueo minero, el incremento del IVA o las irregularidades en el sector Salud federal. Tal y como me he pronunciado en contra del crimen de lesa humanidad efectuado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, siendo activista en la defensa de los Derechos Humanos.

Cerca de las 17 hrs., al pasar por la calle Francisco I. Madero, fui agredido junto con dos de mis colaboradores; irónicamente en la calle que lleva el nombre del presidente asesinado, entre otros, por el general Manuel Mondragón. Irónicamente, puesto que el abuso de poder y violencia injustificada de la que fuimos objeto, fue realizada por la policía federal a cargo del médico Mondragón y Kalb. Ocurriendo los hechos a escasa media cuadra de la entrada a las instalaciones de la ALDF, adonde nos dirigíamos.

Portaba en mi chamarra el emblema de la VI Legislatura de la ALDF, y en una de las bolsas de la misma, la identificación oficial de la ALDF que a la letra dice: “EL PORTADOR ESTÁ INVESTIDO DEL FUERO QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, al ser objeto de violencia innecesaria mis colaboradores y gente que se encontraba alrededor, así como yo mismo gritamos a la policía federal que estaban atacando a un diputado, en repetidas ocasiones que el aquí firmante y sus colaboradores informamos a la policía federal que pertenece a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

De nada sirvió, uno de mis colaboradores recibió un toletazo en el cráneo; otro de ellos y su servidor fuimos víctimas de violaciones de nuestras garantías fundamentales por abuso de poder y uso excesivo de la fuerza pública, por una docena de miembros de la policía federal. Este último de mis colaboradores en comento, al igual que su servidor fuimos golpeados por medio de diferentes toletazos en cráneo, tórax y abdomen, una vez en el piso recibimos múltiples patadas en diferentes partes del cuerpo. En mi caso, el primer golpe lo recibí por la espalda, siendo jalado hacia atrás; encontrándonos en total estado de indefensión.

Posteriormente fuimos llevados, arrastrándosenos, hacia la patrulla de la policía federal número 14658, que se encontraba a escasos metros de la calle de Madero, casi frente a la entrada de las oficinas de la ALDF. Se trataba de una patrulla tipo pickup de doble cabina.

Ahí, de cara a la parte lateral izquierda del vehículo fuimos atados de manos, colocadas éstas hacia la espalda con cinchos blancos de plástico de aproximadamente medio centímetro de ancho, dando varias vueltas con este cincho alrededor de las muñecas.

No contentos con ello elevaron, estos policías federales, los brazos hacia el cielo, ocasionando tal dolor que sentía que dislocarían los hombros, al quejarme del de la detención, del arresto arbitrario al que estábamos siendo sometidos, y por el trato degradante y la tortura de la que éramos objeto, incrementaron brutalmente la acción.

Acto seguido fui subido a la parte superior de dicha patrulla a empellones sufriendo golpes en contra del metal de la misma. Una vez arriba uno de los oficiales indicó que debían bajarme de ahí ya que “era muy visible y estaban tomando fotos”, por lo que fui bajado y llevado a empujones a la parte posterior de la doble cabina de la patrulla 15169. Perdiendo así contacto con el resto de mis colaboradores.

Una vez en el interior de la patrulla, fui conducido contra mi voluntad a un par de cuadras de distancia.

Una vez que la patrulla hizo alto total, en la calle 20 de Noviembre con la calle Venustiano Carranza, continuó la violencia y tortura psicológica y moral ya que uno de dichos oficiales afirmaba: “Vamos a traer acá las armas largas que traías, te vamos a buscar bien y seguro te encontramos droga”, mientras que otros gritaban: “tu comportamiento es de alguien que está tomado y drogado, y te podemos desaparecer”. Todo ello fue filmado mediante teléfonos celulares y equipo iPad por otros policías federales, una de ella del sexo femenino (quien portaba iPad). Ninguno de los policías federales quiso identificarse ante mi exigencia. Ninguno quiso darme detalles sobre las condiciones de mis colaboradores.

Ningún policía federal quiso informarme de las razones de mi detención, y nunca se me notificó del cargo en mi contra o en contra de mis colaboradores.

En todo momento me identifiqué verbalmente como diputado local del Distrito Federal, y en todo momento tuvieron, los policías federales, a la vista el emblema de la IV Legislatura que tenía colocado en la solapa izquierda de mi chamarra. Aunque les indiqué que tenía en una de mis bolsas la identificación oficial de la ALDF nunca les importó. A todo ello respondió uno de los oficiales: “Los diputados de la ALDF son basura, por apoyar a la basura de los maestros es por que estamos aquí, no sabes quien soy y lo que te puedo hacer así que mejor cállate”.

A lo largo de mi detención me identifiqué, pero también reclamé que violaban nuestros derechos humanos al habernos privado ilegalmente de nuestra libertad, que violaban nuestros derechos de libre tránsito, de expresión, de manifestación, de asociación, que cometían un acto de violencia política, y que pisoteaban el fuero que constitucionalmente se otorga a un diputado. También les reclamé que violaban el derecho de cualquier ciudadano a la seguridad personal con el amedrentamiento y amenaza de cargos falsos de que estaba siendo objeto. Que existía una violación al derecho a la integridad personal teniendo de su parte trato cruel inhumano y degradante; que realizaban a mi persona violencia psicológica, y que me estaban ocasionando heridas y lesiones.

Estuvimos detenidos cerca de una hora, sin explicarme la razón, los policías federales, cortaron el cincho, a pesar de que mucho tiempo antes se los había pedido por el dolor que ocasionaba la pérdida de circulación sanguínea de mis manos, y por la ilegalidad en que incurrían al atarme de esa manera. Entonces me dijeron que me podía ir, a lo que me negué terminantemente hasta que no me presentaran a mi colaborador que había sido arbitrariamente detenido. Así lo hicieron y nos dejaron ir.

Durante la detención se nos arrebató una cámara fotográfica y celulares. Reclamamos nuestro equipo fotográfico y de comunicación, a lo que inicialmente negaron haberlo robado. Cuando se les advirtió que seguramente para esos momentos estarían siendo rastreados por sistema GPS nos entregaron nuestro equipo en menos de dos minutos.

Posteriormente fuimos revisamos pericialmente por el equipo médico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF ) rindiendo nuestra declaración pertinente.

Este incidente hace evidente la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de los mexicanos por las fuerzas del Estado; la carencia absoluta de preparación de la policía federal. Es obvio que no se ha llevado a efecto, o no es importante para la policía federal, la preparación en derechos humanos, ni la capacitación para detener y conducir a presuntos responsables; lo que mueve a la policía federal no es la inteligencia ni el servicio al pueblo, es la fuerza bruta y la violencia. Donde la posibilidad de fabricación de pruebas y el uso de falsos testigos no ha dejado de ser práctica de las fuerzas públicas.

Estos hechos demuestran que al Estado no le interesa en lo más mínimo el respeto por La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni por los representantes del pueblo mexicano, y que son capaces de pisotear el trabajo y los derechos de sus diputadas y diputados.

Ha quedado expuesta la cobardía, la barbarie y prepotencia de la fuerza pública ante la defensa de los recursos petroleros, los derechos laborales del magisterio y de tantas otras tropelías.

No existe justificación alguna para que la fuerza pública viole los derechos de terceros, los derechos de los trabajadores, entre otros el magisterio democrático, que no solo defienden sus derechos laborales sino también la educación pública y gratuita, así como tampoco existe justificación para dar un trato a los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal similar al que se les daba en la época del Dr. Belisario Domínguez.

Son estos trabajadores tan vilipendiados, de quienes los profesores son una muestra ejemplar    “el maestro luchando también está enseñando”, quienes en pleno ejercicio del artículo 39 y del artículo 136 hacen valer que la soberanía reside en el pueblo.

Esto es una muestra más del por que el Estado mexicano debe cumplir con sus acuerdos signados, y del por que debe ceñirse a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en beneficio de los mexicanos, tal y como han asegurado académicos y activistas en Derechos Humanos.

Por todo ello, y estando de acuerdo con los preceptos de Amnistía Internacional, debe existir una investigación exhaustiva e imparcial de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias. Para que los responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia. Pues no se puede defender la ley, violándola. En este caso, debe investigarse que ocurrió durante nuestra detención arbitraria, y sancionarse a los responsables, para que sirva de precedente hacia lo que sufren los habitantes de este país ante la carencia de un Estado de Derecho del que somos víctimas. Debe valorarse la destitución de Mondragón y Kalb.

Solicitamos respetuosamente a la Mesa Directiva de la ALDF y a la CDHDF procedan de acuerdo a Ley para dar cause a esta denuncia.

Exigimos a la Secretaría de Gobernación y al Comisionado Nacional de Seguridad, presente a los responsables de los actos aquí descritos y se proceda a sancionarlos de acuerdo a Ley.

Como el educador mexicano Abel Pérez Rojas ha afirmado: “Muchas de las causas que motivaron la independencia de México hoy día están vigentes”

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