Madrid, 19 sep (PL) Asociaciones de españoles víctimas de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) manifestaron hoy satisfacción con la decisión de la justicia argentina de ordenar la detención de cuatro expolicías acusados de torturas.
En un auto, la jueza federal argentina María Servini de Cubría pidió la víspera a España el arresto, con fines de extradición, de cuatro ciudadanos de este país denunciados en Buenos Aires por su presunta relación con crímenes cometidos por el régimen franquista.
La medida alcanza a Jesús Muñecas, exguardia civil de 74 años; Celso Galván, excomisario de 78 años y antiguo escolta de Franco y de la Casa Real; al también excomisario José Ignacio Giralte (71 años) y al otrora inspector José Antonio González, alias Billy el Niño.
Durante una rueda de prensa, Ana Mesuti, una de las abogadas de la causa, subrayó que el auto responde a nuestro pedido, pues ordena la detención para interrogar a cuatro acusados de un delito de torturas, un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible.
Mesuti compareció en Madrid junto a uno de los expresos antifranquistas y miembro de La Comuna Manuel Blanco y por Bonifacio Sánchez, representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Aunque el colectivo de víctimas no puede obligar a las autoridades ibéricas a ejecutar los arrestos, la letrada de la nación suramericana advirtió que sí podrían denunciar a España.
Según su criterio, una negativa del Gobierno español, firmante de varios tratados internacionales sobre el particular, no lo dejaría «en muy buen pie».
La abogada expresó que este país europeo no puede quedar como refugio de personas reclamadas por la justicia y señaló que el Ejecutivo debería responder a la orden, razonablemente, en el plazo de seis meses.
Sánchez, miembro de la ARMH, grupo que presentó la querella en Argentina en 2010, destacó que esta resolución es una puerta abierta para un futuro esperanzador.
Recordó que hay personas que llevan 77 años esperando, en alusión a la Guerra Civil española iniciada en 1936.
Con esta resolución queda claro que la Ley de Amnistía de 1977 no impide juzgar estos hechos, la jueza desmonta y deja en evidencia a la justicia española, sentenció.
En septiembre de 2010, el Tribunal Supremo (TS), máxima instancia judicial en España, confirmó el procesamiento del juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los más de 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
El TS consideró proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en 1977, aunque finalmente fue absuelto, al considerar que su decisión fue «errónea» pero no prevaricadora.
Esta causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal y en ella se presentaron muchas víctimas después de que el entonces magistrado, que llevaba el caso en los estrados españoles, fuera inhabilitado en 2012.
Pese a haberlo declarado no culpable en la también conocida como causa del franquismo, el célebre y controvertido juez no pudo volver a ejercer su puesto en la Audiencia Nacional, pues el Consejo General del Poder Judicial ratificó su expulsión de la carrera judicial en otro proceso en su contra.
Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos 113 mil desaparecidos y unos 30 mil niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.