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Dictan prisión en Honduras contra líder indígena

Tegucigalpa, 20 sep (PL) Un tribunal hondureño dictó hoy prisión preventiva contra Bertha Cáceres, dirigente lenca del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que se opone a la construcción de una represa en la comunidad Río Blanco.

La jueza Alicia Reyes, del juzgado primero de Letras en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, adoptó esa medida contra la activista, dijo a periodistas el abogado defensor, Víctor Fernández, citado por el diario La Prensa.

Cáceres, enviada al centro penal de La Esperanza, Intibucá, dijo a Radio Globo en comunicación telefónica que se mantiene con la frente en alto y que se equivocaron los empresarios al pensar que el pueblo lenca frenará su lucha histórica en defensa de los bienes comunes.

El pasado viernes el Ministerio Público y la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., solicitaron medidas de prisión para Cáceres y medidas sustitutivas para otros dos integrantes de su organización: Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina, comunicadores indígenas.

Ellos debieron presentarse ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá por su oposición al proyecto Agua Zarca, que pretende construir una hidroeléctrica en una región en la que viven pueblos indígenas y campesinos.

Según señala el Copinh en su blog, este proceso es uno de los varios juicios contra la dirigente, promovidos desde las transnacionales que pretenden privatizar el río sagrado Gualcarque, en una verdadera persecución judicial en la que participa el gobierno, el Ministerio Público y el Ejército hondureño.

Uno de sus abogados señaló que la pena carcelaria es porque se le considera subversiva al encabezar protestas contra la empresa constructora de la represa.

De acuerdo con Cáceres, su único delito es gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco, “por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello que también me declaro una perseguida política”, añadió.

El dictamen ordena además el desalojo inmediato de un grupo de indígenas que desde hace más de seis meses mantiene bloqueado una carretera en el occidente del país centroamericano.

Por su parte, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, indicó hoy en un comunicado que rechaza y condena la sentencia contra la líder.

Es una sentencia aberrante que condena a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de proteger los bienes comunes del pueblo indígena lenca, señaló el texto.

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