Negligencia y omisión contribuyeron a la tragedia provocada por “Manuel e Ingrid”

Tal parece que los funcionarios estaban más ocupados en preparar las fiestas patrias y en desalojar a los maestros de la CNTE del zócalo, que prevenir la tragedia por venir y proteger a la población civil

Ante la tragedia provocada por los meteoros Manuel e Ingrid, el Senador David Monreal dio una conferencia de prensa donde mencionó que este tipo de fenómenos son inevitables, pero, las tormentas y los huracanes permiten actuar con antelación para proteger a la población: “son los que se pueden prevenir con mayor precisión y asertividad. Por lo tanto, es donde las políticas de protección civil deben dar sus mejores resultados en términos de prevención y alertas a la población”, dijo.

Comentó que el Sistema Nacional de Protección Civil falló por no tomar medidas preventivas en tiempo y forma. El zacatecano explicó : “el servicio meteorológico y CONAGUA, desde el día 11 de septiembre tenían detectado el potencial destructivo de las tormentas Manuel e Ingrid. Ellos avisaron a las autoridades federales, en concreto, al Sistema Nacional de Protección Civil y a las autoridades estatales. Sin embargo, dejaron pasar dos días: fue hasta el día 13 cuando el gobierno federal sesionó por vez primera para valorar estas alertas; y fue hasta dos días después, el 15 de septiembre, cuando se instaló el Comité Nacional de Emergencias… Tardaron cuatro días para procesar la información relativa a los huracanes Manuel e Ingrid”.

 

Por lo anterior, el Senador David Monreal propuso al Senado:

1) Una comparecencia de las autoridades federales responsables de la políticas de protección civil, para explicar la demora institucional frente a los huracanes Manuel e Ingrid.

2) Deslindar los niveles y grados de responsabilidad por una presumible conducta omisa y tardía en las acciones de prevención y protección civil.

3) Actualizar el Atlas de riesgos para la población civil y, de manera especial, revisar la legislación vigente, a fin de dar más “dientes y colmillos” para evitar nuevos asentamientos humanos en zonas vulnerables.

4) Atajar la corrupción y la connivencia entre autoridades y fraccionadores privados. En concreto, revisar y retirar las licencias de construcción de nuevos fraccionamientos en todas las regiones y zonas de riesgo en el país, incorporando el grado de vulnerabilidad o exposición al riesgo de los asentamientos humanos, dando facilidades para que la población civil tenga acceso a esta información.

5) Por último, una revisión a fondo de la autopista más cara, insegura y mala del mundo, la Autopista del Sol. Por ejemplo, revisar el trazo, los materiales de construcción, los costos administrativos y la operación financiera, ya que con los presupuestos de mantenimiento que se le han aplicado podriamos construir una autopista más.

Monreal Ávila concluyó que los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas deben provenir del gasto del gobierno. Los daños ascienden hasta este momento a unos 100 mil millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: carreteras 40 mmdp; casas, edificios y enseres domésticos, 30 mmdp; infraestructura urbana, reubicación de asentamientos vulnerables y reforzamiento de ciudades expuestas, 20 mmdp; atención y prevención de epidemias 10 mmdp.

Enfatizó que el fondo para la atención de desastres (FONDEN) tiene apenas el 12% de estos recursos (12 mmdp) y que el resto debe provenir del gasto del gobierno y no de los bolsillos de la población.

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