Es necesario crear un marco jurídico local que precise el derecho a la alimentación y que se traduzca en políticas públicas, programas y acciones efectivas considerando a las personas que no tienen que comer en la Ciudad de México, dijo el Dip. Rubén Escamilla al inaugurar el Foro para Ejercer el Derecho a la Alimentación y la Nutrición en el Distrito Federal, mismo que contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Dip. Manuel Granados Covarrubias.
Escamilla Salinas añadió: “La tarea no es sencilla y rebasa el trabajo legislativo por lo que la labor de las comisiones unidas en torno al derecho a la alimentación contemplan la participación de organizaciones sociales, sociedad civil y sector académico. Esta diversidad temática en cuanto al derecho a la alimentación se ubica con aspectos como los derechos de la infancia, el derecho rural sustentable, la promoción y la educación para la salud en donde destaca la lucha contra la obesidad, las normas para la distribución, el etiquetado e información de alimentos y bebidas pre envasadas, la alimentación escolar, los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos productores”.
Ante representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF)y diputados locales, el legislador Escamilla Salinas dijo que establecer el derecho a la alimentación tiene que ver con cuestiones sustanciales como lo es impedir la siembra de cultivos transgénicos, combatir la pobreza y erradicar el hambre con redes de producción campesinasoriginarias de la ciudad, fortalecer los mercados populares con abasto suficiente y barato, así como modificar los hábitos alimenticios de la población para mejorar condiciones de salud de los ciudadanos.
El Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Dip. Manuel Granados Covarrubias dijo que el derecho a la alimentación ha sido durante muchos años ignorado y por ello se deben articular políticas públicas con los sectores productivos y de distribución para facilitar la adquisición de productos a precios accesibles sin intermediarios.
“La especulación, el acaparamiento y el incremento desmedido de los precios son males permanentes contra los cuales resulta necesario establecer políticas consensadas, medidas administrativas estrictas y sanciones legales ejemplares que desalienten prácticas lesivas de las clases sociales con menos recursos”, agregó el legislador.
Por ello los presentes estuvieron de acuerdo en analizar y profundizar las opciones posibles para hacer exigibles al estado y gobierno el derecho humano a la alimentación.