El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a los diputados y senadores para que en el proceso de análisis y aprobación de las iniciativas que buscan establecer una política de apoyo a los Adultos Mayores de nuestro país, eliminen las propuestas que provocarán la desaparición de las políticas públicas estatales de atención a este sector de la población, de forma específica la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores en el Distrito Federal establecida por mandatos de Ley.
Asimismo la ALDF llamó al Congreso de la Unión a incorporar en su análisis la necesidad establecer la Pensión como un derecho efectivamente universal para los mayores de 65 años, mediante la expedición de una Ley que establezca un sistema de concurrencias entre los diversos órdenes de gobierno y se posibilite la existencia de políticas públicas estatales; la existencia de mecanismos de complementariedad para ampliar el alcance, los montos del beneficio o la prestación de servicios dirigidos a los adultos mayores.
La diputada Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, explicó que el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que plantean reformas y adiciones a los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución en materia de seguridad social universal y las correspondientes iniciativas legales, son un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores a nivel nacional, sin embargo, para el DF es un riesgo porque anularía todos los avances logrados por los gobiernos democráticos.
Afirmó que la propuesta es engañosa en cuanto al carácter universal y al monto de la transferencia; es profundamente excluyente y centralista. Para los habitantes del Distrito Federal, la iniciativa federal representa un retroceso en los derechos establecidos por Ley expedida por esta Asamblea, ya que el gobierno de Peña Nieto busca desaparecer todos los programas estatales de apoyo a los adultos mayores.
En este sentido, detalló que en caso de que el Congreso de la Unión no realice las modificaciones pertinentes al artículo Tercero Transitorio, las entidades federativas podrán continuar aplicando sus programas sólo durante el periodo de transición (se prevé de 15 años) bajo diversas condicionantes y serán beneficiarios los que “cumplan 65 años a partir de 2014 y los que no tengan carácter de pensionados”.
Esta disposición, dijo, representa una injerencia indebida en el ámbito exclusivo de competencias de las entidades federativas, por ejemplo en el DF pretende anular derechos previamente adquiridos por todos sus habitantes, no sólo aquellos que ya han logrado la edad para ser beneficiarios y serían excluidos de la política pública federal.
Advirtió que la suma de los criterios de exclusión de la iniciativa de Ley de Pensión Universal contenidos en el artículo 4 fracción I y el artículo primero transitorio, implicarían de ser aprobados el retiro de todo apoyo a más del 63% de los adultos mayores con la edad requerida y sin seguridad social.
Finalmente consideró necesario impulsar una Ley que otorgue la pensión no contributiva como instrumento de justicia social por parte del Estado; la reconozca como un derecho universal; y genere una operación concurrente, coordinada y complementaria entre los diversos órdenes de gobierno.